Los trabajadores de Izar Manises convocan dos meses de huelga

La liquidación de los astilleros de la empresa pública Izar se augura conflictiva. El comité de empresa reclama la venta conjunta de las cuatro plantas de Manises, Sevilla, Sestao y Gijón. Pero las ofertas de compra no van en esa dirección. El comité de empresa de Izar Manises tramitó ayer una convocatoria de huelga a partir del 28 de octubre y hasta el 31 de diciembre que caldea más el ambiente.

Pedro Solbes, vicepresidente económico del Gobierno, confirmó el lunes que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales no ha recibido en los plazos fijados ninguna oferta conjunta por las cuatro plantas de Izar.

Justo Nieto, consejero de Empresa, confirmó el mismo día que un grupo valenciano, todo apunta a Ros Casares, y otro extranjero, en su día se citó a Rolls Royce, pujan por la planta de motores de Manises.

Pero la oposición de los trabajadores a la fragmentación de la empresa pública en liquidación por quiebra parece definitiva.

Vicente Beltrán, presidente del comité de empresa de Izar Manises, explicó ayer, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la convocatoria de dos meses de huelga responde a la "decisión de la empresa de clausurar unilateralmente" las instalaciones de servicios sociales de la factoría que prestaban el servicio de cafetería.

Beltrán aseguró que la huelga será "completamente legal" puesto que se ha tramitado "con fecha de inicio y de final". Y auguró que si no se alcanza un acuerdo con la empresa, los trabajadores decidirán, en su momento, "las movilizaciones pertinentes".

Beltrán explicó que la empresa ha incumplido otros asuntos pactados el pasado mes de diciembre que evitó precisar por ser "cuestiones legales y farragosas" que se tratarán al margen. Pero vaticinó que "las plantas de Sevilla y de Gijón también irán a la huelga" si la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pretende liquidar la empresa en varios paquetes.

Los trabajadores del astillero de Sevilla protestan desde hace meses por la falta de carga de trabajo del astillero, pero la SEPI afirma que sería ilegal cerrar contratos antes de la liquidación de la planta.