Penas de cárcel a nueve militantes de Unió por malversación de fondos

La Audiencia de Barcelona condenó ayer a penas de hasta tres años y medio de cárcel a 10 personas, nueve de ellas militantes de Unió Democràtica (UDC), por malversar casi un millón de euros en el Consorcio de Turismo de Cataluña, un organismo dependiente de la Generalitat. La sentencia, en la que se absuelve a dos de los acusados, considera que se trata de "un caso de corrupción en el seno de la Administración pública".

Los delitos por los que se condena a los acusados son prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad. Los abogados defensores anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Supremo. Si se ratificase el fallo, la cuantía de las penas implicaría la entrada en prisión de los 10 condenados, pues la condena mínima impuesta es de dos años y tres meses. El tribunal les condena también a penas de inhabilitación de entre tres y seis años y a abonar a la Generalitat un total de 419.870 euros como responsabilidad civil. La mayoría de ellos ya pagaron antes del juicio.

La sentencia, dictada por la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona y de la que ha sido ponente el magistrado José María Pijuan, relata que la malversación se produjo entre 1993 y 1995, cuando el Consorcio de Turismo lo dirigía Joan Cogul, que se suicidó en Filipinas en diciembre de 2003. Los jueces afirman que Cogul, "movido por un ánimo de lucro, ejecutó un plan", que consistió en la "contratación ficticia" de informes sobre el sector turístico. La contratación fue directa, porque el coste de los informes era inferior a cinco millones de pesetas (30.000 euros). El tribunal asegura que esos estudios "carecían de utilidad e interés porque se trataba de meras copias literales" de otras publicaciones, cuyo importe no superaba los seis euros e incluso eran gratuitas, o bien de publicaciones del mismo departamento de Turismo.

El tribunal entiende que si Cogul actuó así fue porque recibió "indicaciones de sus superiores" en el departamento "y/o en el partido Unió Democràtica", en el que militaban él y 10 de los 12 acusados, con el fin de "detraer sumas de dinero de los fondos públicos". Los jueces añaden que la mayoría del dinero no se la quedó Cogul, pero también admiten que no se ha podido concretar el destino. En cualquier caso, dicen, su destino "era totalmente ajeno al interés general".

La sentencia sí recuerda que cuando la fiscalía empezó a investigar el caso en 1998, "un responsable o responsables" de Unió decidieron pagarle 100.000 pesetas (600 euros) mensuales a Carme Fargas, entonces esposa de Cogul, para que no revelase las indicaciones recibidas de los dirigentes del partido. Los pagos duraron ocho meses. Josep Sánchez Llibre, ex secretario de organización de UDC, declaró en el juicio que ese dinero se pagó para que Fargas captara militantes, pero el tribunal no da credibilidad a esa versión y asegura que no consta que eso sucediera. Fargas ha sido condenada a tres años de cárcel. Los otros condenados son Montserrat Alsina, Antoni Fortuny, Jaume Amenós, José Ramón Ferré del Campo, Josep Maria Gené, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, Santiago Vallbé, Francisco Rojas y Eugenio Guijarro. Las personas absueltas son José María Rovira Caballero y Antoni Roig.

En el juicio se insinuó que el dinero malversado sirvió para financiar a Unió, aunque el tribunal considera que no existe "prueba directa", pero sí "indicios bastantes" de que Cogul entregó el dinero a alguno o algunos responsables del Departamento de Comercio de la Generalitat y de UDC. El tribunal sí recuerda que 10 de los 12 acusados tenían en común que militaban en ese partido. También que 11 de ellos no tenían ninguna experiencia en el sector turístico, que eran amigos de Cogul y su esposa y que las sociedades beneficiarias de los pagos se crearon para aparentar la contratación.

Unió se felicitó ayer de la sentencia porque "no existe ninguna prueba en contra" del partido en todo el proceso y asegura en un comunicado que la resolución acaba "con esta línea de ataque político y mediático". Por su parte, el portavoz en el Parlamento catalán de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Boada, aseguró que se trata de una sentencia "ejemplar" y que Josep Antoni Duran Lleida, dirigente de UDC, debería dimitir de sus cargos. ICV fue la formación que denunció el caso y ha ejercido la acusación popular. El secretario de organización del PSC, Josep Zaragoza, aseguró que el fallo "apunta" a UDC y que Artur Mas y Duran Lleida "deberían dar la cara y depurar responsabilidades en CiU".