Los camioneros ponen fin al paro tras pactar con el Gobierno y los clientes

Los camiones han vuelto a las carreteras después de que ayer las asociaciones de transportistas alcanzasen un acuerdo con la Administración y las organizaciones de cargadores. Por la noche, las principales asociaciones de transportistas suscribieron un documento con responsables de cinco ministerios que recogía más de 40 medidas para poner fin al paro. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, presidió el acto de firma de los documentos que el próximo viernes se trasladarán al Consejo de Ministros.

Por la mañana, los transportistas liderados por el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC) mostraban su satisfacción con prudencia tras alcanzar un acuerdo con la Administración. "Es un acuerdo que nos complace, a pesar de que no es lo que queríamos", aseguró el presidente de CNTC, Ovidio de la Roza. Las asociaciones minoritarias Ascentra y Aetram deciden hoy si desconvocan el paro en Galicia, al igual que otras que han mantenido el paro en Asturias y Cantabria.

Después de tres meses de tiras y aflojas el acuerdo de ayer parecía el pitido final del conflicto planteado por los transportistas. Pero era sólo el primer tiempo. "Hay acuerdo global con todos los ministerios y aceptamos la propuesta del Gobierno", manifestó De la Roza al termino de la reunión que mantuvieron ayer las principales asociaciones con José Manuel de Bunez, director general de Tributos, Javier Burgos, secretario general de Hacienda y Fernando Palao, secretario general de Transportes.

Acuerdo con los cargadores

Pero la segunda parte del partido aún no había comenzado. El portavoz de los transportistas precisó que el paro patronal de los transportes se mantendría hasta alcanzar un acuerdo con los cargadores. La solución no tardó en llegar. Por la tarde las principales asociaciones de cargadores (Aecoc, Transprime y Aeutransmer) acordaron con los transportistas zanjar definitivamente el conflicto y poner fin al paro del sector. Aecoc es la principal asociación de cargadores, con más de 20.000 asociados que suman una facturación de más de 150 millones anuales.

Los principales puntos de encuentro pasaron por la aceptación de los cargadores de un incremento del 14,3% de las tarifas derivadas del encarecimiento del gasóleo. Además se activará un mecanismo para la revisión mensual de los precios y se establecerá un sistema de garantia para el cumplimiento de éstos. Para ello, se creará un comisión tripartita con carácter bimensual para su seguimiento. La creación de esta comisión fue el último cuello de botella. Con ella se pretende evitar que se produzcan rebajas de precios y que, dada la atomización del sector, ha sido muy común.

Antes, los transportistas habían aceptado la propuesta de la Administración sobre el céntimo sanitario, que el día anterior se había convertido en el principal escollo para salvar la negociación. El Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos, conocido como céntino sanitario, consiste en un suplemento al impuesto sobre los carburantes de hasta 2,4 céntimos. A esa cantidad, el Gobierno decidió el pasado septiembre añadir otros 2,4 céntimos (hasta 4,8) para paliar el déficit sanitario.

Según el acuerdo, la Administración, por un lado, habilita a las comunidades autónomas a reducir lo que cobran a los camioneros (hasta la fecha sólo lo aplican Madrid, una subida de 1,7 céntimos al impuesto; Cataluña, 2,4 céntimos; Galicia, 1,2 céntimos; y Asturias, 2 céntimos) con cargo a sus presupuestos. Por otro lado, el Gobierno ha decidido eliminar el segundo tramo en 2006 y 2007. El Gobierno se compromete a compensar a las comunidades que apliquen el segundo tramo del impuesto.

De la Roza, destacó que el panorama ha cambiado porque "existe un elemento disuasorio en el segundo tramo y ya no habrá que negociar". "Ahora es una situación que tendrán que dilucidar en el marco de cada comunidad", añadió. El portavoz de los transportistas subrayó que "a partir de 2007 se revisará la evolución del gasóleo profesional y su carga impositiva, así como los precios del petróleo para en su caso retomar la situación y evaluar el problema".

Con el acuerdo alcanzado ayer se pone fin a tres meses de "arduas y duras" negociaciónes entre transportistas, Administración y cargadores, según De la Roza. Las asociaciones de transportistas denunciaban "los problemas estructurales del sector agravados coyunturalmente por el fuerte encarecimiento del precio del petróleo".

Los transportistas habían planteado un documento con 40 reivindicaciones que implicaban a los ministerios de Trabajo, Interior, Economía y Fomento. Además, sacaron adelante compromisos como una rebaja a la mitad el impuesto sobre actividades económicas (IAE), disminución del 75% de las primas que pagan a los seguros, la inclusión en los contratos de la revisión automática de los precios del gasóleo, la prohibición a que los conductores participen en carga y descarga. Además de la elaboración de un nuevo Plan de Transporte por Carretera y el seguimiento de la evolución del sector.

Plan estratégico

Del Departamento de Fomento arrancaron la formulación de un nuevo plan estratégico de transporte en carretera que sustituya al actual, un aumento de las ayudas por cese o abandono de la actividad de los autónomos en el sector.

Por su parte, Economía se ha comprometido a la definición de las condiciones de aplicación de un gasóleo profesional para su entrada en vigor a partir de 2007, la prorroga de la fiscalidad del Impuesto Especial de Hidrocarburos en la banda mínima establecida por la UE. El acuerdo con Trabajo pasa por el reconocimiento de enfermedades profesionales y por la posibilidad de la jubilación anticipada, además incluye el aplazamiento en las cotizaciones de la Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Por su parte, el Ministerio de Interior se comprometió a rebajar las exigencias del carnet de conducir por puntos y eliminar las restricciones de circulación genérica y el establecimiento de determinados corredores abiertos al tráfico pesado durante todo el año.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) estimó el coste total del perjuicio para el sector y el conjunto de la economía causado por el paro de transportista, que esta organización no apoyó, en 65 millones de euros. Una de las consecuencias inmediatas del acuerdo con los cargadores será su repercusión en los precios a los consumidores y en la inflación.