El 'céntimo sanitario' impide desconvocar el paro de los camioneros

La aplicación del denominado céntimo sanitario bloqueó ayer un acuerdo entre la Administración y los transportistas para desconvocar el paro sectorial iniciado ayer en toda España, seguido de forma masiva, y con varios incidentes de consideración. El Gobierno propone que la aplicación de dicho impuesto quede a voluntad de las comunidades autónomas, mientras la patronal exige que se les exima del pago. Las negociaciones, que habían logrado prejubilaciones por enfermedad profesional, recuperación de puntos en el carnet de conducir y coordinación por comunidades en las restricciones al tráfico, continuarán hoy.

El ministro de Economia, Pedro Solbes, subrayó ayer que el Gobierno está haciendo "un importante esfuerzo" para atender las demandas del sector. En concreto, sobre la eliminación del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos, el denominado céntimo sanitario que está transferido a las Comunidades Autónomas y que consiste en cobrar hasta 2,4 céntimos para financiar el déficit sanitario. En la actualidad, sólo lo aplican cuatro comunidades (Madrid, Galicia, Asturias y Cataluña), aunque la mayor parte prepara su ejecución de forma inmediata.

Solbes añadió que, sobre el céntimo sanitario, se está debatiendo no tanto el problema de coste como los problemas de procedimiento "de quién tiene la capacidad de tomar esa decisión". Para el ministro, ésta es una decisión que pueden tomar las comunidades autónomas, aunque añadió que "desde el Estado" también se puede tomar alguna iniciativa para que se pueda cumplir lo que piden los transportistas.

Al margen de este punto conflictivo, las negociaciones han podido salvar el resto de escollos: rebaja del 50% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), la reducción del impuesto sobre primas de seguros del 100% durante 2006 y del 50% en 2007, la aplicación de un gasóleo profesional, el reconocimiento de varias enfermedades profesionales y el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), Ovidio de la Roza, ya había adelantado los acuerdos con Fomento, Trabajo e Interior. Según el acuerdo con Trabajo, los transportistas se podrán prejubilar cuando tengan una enfermedad profesional, al margen de los años de cotización. Con Interior, el acuerdo consiste en que podrán recuperar los puntos perdidos en el nuevo modelo de carnet a través de los cursos de formación. Asimismo, el Gobierno se compromete a coordinar las restricciones al tráfico en domingos y festivos en las diferentes comunidades.

El desabastecimiento de productos ha creado una alarma generalizada en la Administración. Ayer se produjeron algunos incidentes aislados. Dos camiones recibieron sendos proyectiles en Extremadura cuando volcían descaragdos de Portugal. En Cantabria, un camionero, miembro de un piqyete, resultó herido cuando intentaba pinchar la rueda de un camión y ésta explotó.

El paro de ayer fue convocado por la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) que es la patronal mayoritaria del sector y que está encuadrada en la patronal CEOE. Según los datos de la CETM, esta organización de empresarios aglutina a 34.000 empresas con una flota de 150.000 vehículos y que da empleo a 250.000 profesionales entre patronos y asalariados. Después de lograr un acuerdo con la Administración hay que pactar otro acuerdo con los cargadores, sus clientes.

Ayer el presidente de la patronal convocante del paro, Marcos Montero, dijo que había recomendado a sus asociados que huyeran de cualquier incidente y alteración del orden público. Montero mostró su confianza en el sentido común de la Administración y recordó que "algunos ministerios se han pasado cuatro meses pensando que los problemas del sector eran una broma y ahora en 48 horas quieren resolver un problema que debería estar resuelto hace tres meses".

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de España (Fenadismer), que aglutina a pequeños transportistas calificó de "engaño" el paro convocado por la patronal dependiente de la CEOE a la que acusa de alargar artificialmente las negociaciones con el Gobierno.