Cuatro funcionarios de Tráfico, entre 17 condenados por estafa

La Audiencia de Alicante condenó ayer a 17 personas, cuatro funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico y el resto empleados de gestorías, a penas que oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel por tramitar de forma irregular expedientes de vehículos, desde 2000. Los funcionarios manipularon informes para que los gestores eludieran el pago de las tasas. El perjuicio a Tráfico asciende a 19 millones.

Un acuerdo entre las partes abortó ayer la vista oral del caso que sentaba en el banquillo a 17 acusados por eludir el pago de tasas correspondientes a la gestión de expedientes de vehículos [la ITV o la tasa por transmisiones patrimoniales] o no acompañar los informes con la documentación preceptiva para su correcta tramitación. Para ello, fue necesaria la colaboración de cuatro funcionarios de la Jefatura provincial de Tráfico de Alicante.

El ministerio público solicitó inicialmente una pena provisional que, en global, sumaba para todos los acusados un total de 64 años de prisión. El ministerio público reclamó para Carlos Valls Labori, un funcionario de tráfico que ya había sido detenido y condenado con anterioridad por falsificar permisos de conducir, solicitó la condena más abultada con 11 años de cárcel. Junto a él, fueron procesados los también trabajadores públicos Adelia E. Climent Alberola, Guillermo Julián Chamorro y Araceli Ortiz. A éstos se les acusó de un delito continuado de cohecho y otro de infidelidad en la custodia de documentos. A Carlos Valls le imputa además un delito de continuado de malversación de caudales públicos.

A sabiendas de que el número de expedientes tramitados de manera irregular podían ser detectados, los enjuiciados, con la trituradora de papel, destruyeron la documentación. Por ello, este extremo hizo imposible determinar el perjuicio económico causado a las distintas administraciones. No obstante, del cruce de datos sí cuantificó el daño acarreado a la Jefatura Provincial de Tráfico por tasas no cobradas, en más de 19 millones de euros.

Los procesados admitieron ayer los hechos que se les imputaban. La conformidad motivó una sustancial reducción de las penas, esencialmente a los trabajadores públicos procesados. Los cuatro funcionarios eluden la prisión en tanto que son condenados a un año. A Carlos Valls se castiga a un mes y 16 días más por un delito continuado de malversación.

El resto de procesados son empleados de gestorías o empresas del ramo, como de desguace de vehículos, que en connivencia con los funcionarios eludieron el pago de tasas. Entre las firmas implicadas figuran: Gestoría Alcaraz de Alicante, Gestoría Gracia de Orihuela, Gestoría Maldonado de Alicante, Señalizaciones Alacant y Gestorías Alfredos.