El PSPV pedirá la paralización de los PAI fuera de ordenación y EU-L'Entesa, una moratoria

Los socialistas pedirán en una de las enmiendas al proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) la paralización de los Programas de Actuación Integrada (PAI) proyectados en suelo no urbanizable y EU-L'Entesa, la moratoria urbanística. Hoy concluye el plazo de presentación de enmiendas a la LUV después de varias prórrogas consecutivas. El proyecto de ley se debatirá en unos días en las Cortes bajo la atenta mirada de la UE y de los miles de afectados por la LRAU, todavía en vigor. Los dos grupos mayoritarios mostraron ayer sus reservas a anticiparlas.

Los afectados piden que el agente urbanizador sea un profesional remunerado

Hoy acaba el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) después de varias prórrogas, dos de ellas solicitadas por el Grupo Popular en un intento de negociar un pacto urbanístico con los socialistas, que no ha sido posible. El proyecto de LUV, redactado por la consejería de Rafael Blasco y aprobado por el Consell el pasado mayo, sustituirá a la polémica LRAU, aprobada en 1994 por el entonces gobierno socialista y puesta en práctica desde 1995 por los sucesivos gobiernos del PP.

Los tres grupos con representación en las Cortes Valencianas han anunciado que enmendarán el texto original con el propósito de mejorarlo. De hecho, Blasco anunció hace unos días que el Grupo Popular introducirá modificaciones para hacerla compatible con las directivas europeas tras la investigación abierta por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión a raíz de las denuncias de los afectados por la aplicación de la LRAU. Hace escasamente una semana, Bruselas manifestó que el proyecto de LUV mejoraba la ley todavía en vigor pero no lo suficiente.

El Grupo Socialista en las Cortes presentará hoy al registro un texto alternativo al proyecto del Consell basado en una proposición de ley que llevaron al Parlamento en 2003 para actualizar y corregir la LRAU y que ya entonces fue rechazado por el PP. Entonces, el PSPV-PSOE justificó esta proposición en el drástico descenso de producción de VPO y el desarrollo "demasiado acelerado" de los suelos más sensibles y estratégicos, así como la discrecionalidad en la adjudicación de los PAI. Los socialistas proponían entonces que un 33% de la edificabilidad de los programas se dedicasen a vivienda protegida.

A sabiendas de que este texto no saldrá adelante por la mayoría absoluta del PP, los socialistas han preparado una enmienda a la totalidad y decenas de enmiendas parciales. En una de ellas pedirán que se paralice la tramitación de los PAI (Programas de Actuación Integrada) que se desarrollan sobre suelo no urbanizable. "Queremos que se cumpla el espíritu y la letra de la ley", manifestó ayer un dirigente socialista.

El grupo de EU-L'Entesa incluirá también en sus cerca de 300 enmiendas la petición de una moratoria urbanística inmediata y que la ley entre en vigor al día siguiente de su aprobación y no al mes siguiente como prevé el texto.

Enrique Climent, portavoz de la asociación Abusos Urbanísticos No, calificó ayer de prioritario que se varíe la figura del agente urbanizador. "No puede ser una parte interesada. Queremos que sea un profesional -o un equipo- remunerado que sea controlado por una comisión mixta integrada por representantes de los ayuntamientos y de los vecinos afectados", dijo Climent.

Otra de las demandas de los afectados es que en las Agrupaciones de Interés Urbanístico (AIU) sea necesario el respaldo del 50% de los propietarios de suelo del PAI en cuestión y no como hasta ahora establece la LRAU de que sea suficiente la propiedad de algo más del 50% del suelo afectado.

La Sindicatura de Greuges recordaba también hace unos días en Bruselas algunas lagunas observadas en el proyecto de LUV. Entre ellas citó la obligación de "notificación administrativa" a los propietarios sobre actividades urbanísticas en sus propiedades, la "aplicación expresa" de los requisitos de la ley española de contratación pública, "extremar el control" para que se valoren las propiedades afectadas según el mercado y fomentar que los propietarios constituyan agrupaciones de interés urbanístico.