El PP anuncia protestas conjuntas en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha contra el Estatut

Los líderes regionales del PP en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, comunidades en las que gobierna el PSOE con mayoría absoluta, escenificaron ayer en Sevilla su oposición conjunta al Estatuto catalán. Javier Arenas (Andalucía), José Manuel Molina (Castilla-La Mancha) y Carlos Floriano (Extremadura) reclamaron a los diputados socialistas elegidos en estas comunidades que se sumen al rechazo del PP a que el Congreso tramite la norma catalana. Arenas añadió que estudian convocar manifestaciones para mostrar su "desacuerdo con propuestas de financiación que rompen con la igualdad".

El PP arropó a sus tres líderes regionales, jefes de la oposición en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura con varios alcaldes de localidades de las tres comunidades. Los populares suscribieron un "manifiesto del eje de la solidaridad" en el que concretan que medidas tomarán contra la propuesta de reforma del Estatuto catalán, al que consideran una "reforma constitucional "encubierta".

Los populares pidieron que el próximo 2 de noviembre, fecha en la que está prevista la votación para la admisión a trámite del texto, sea devuelto, y para ello pidieron el apoyo de los 9 diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, 5 de Extremadura, y los 35 de Andalucía en el Congreso de los Diputados. Arenas mantuvo que la devolución del Estatuto catalán debería ser "el primer paso para un gran pacto" entre el PP y el PSOE en España, ya que, según del líder del PP andaluz, en caso contrario se iniciaría "un camino sin retorno".

"Desde luego no es enmendable porque no se trata de una reforma de un Estatuto sino de una reforma constitucional impuesta desde la posición política irresponsable en Cataluña", subrayó Arenas, quien añadió que los tres líderes han "constatado" que los presidentes de estas comunidades "están actuando con el mismo doble juego". Además de este manifiesto, los dirigentes populares plantearán propuestas en las respectivas asambleas regionales, y no descartan poner en marcha movilizaciones ciudadanas en protesta por el texto catalán, al margen de que desde los ayuntamientos se presentarán iniciativas y se celebrarán actos en favor de la Constitución.

Preguntado por las críticas del PSOE y la Junta de Andalucía a actos de este tipo por fortalecer un "frente anticatalán", Arenas opuso que sus críticas se dirigen a "los políticos radicales" y no a la sociedad catalana, y aprovechó para calificar de "irresponsable" al presidente andaluz, Manuel Chaves, por "alentar" al presidente de la generalitat, Pasqual Maragall.

Andaluces en Cataluña

Por su parte, Carlos Floriano aseguró que con el manifiesto firmado ayer, el PP recoge "el sentir" de los más de diez millones de ciudadanos de estas tres comunidades y de más de un millón de andaluces que viven en Cataluña. "Estoy convencido de que más del 90% de los ciudadanos están en contra de los planteamientos del Estatuto catalán", indicó el líder del PP extremeño, quien dijo que Cataluña no es una nación distinta de España y que no es "razonable" que se pueda romper desde una comunidad autónoma el principio de cohesión y solidaridad. Floriano, que recordó que el PSOE en Extremadura se ha opuesto a la posibilidad de rechazar la admisión a trámite del texto, dijo que "es el momento de pasar de las palabras a los hechos".

Finalmente, José Manuel Molina indicó que la propuesta pretende "romper España" y se preguntó qué pasará con las pensiones de los que tienen ahora 50 años, o con los hospitales y centros de salud "que se tendrían que cerrar", o el "gran perjuicio" a los sectores económicos, principalmente los radicados en Cataluña. Molina recordó que la Constitución de 1978 fue un "ejemplo" de la generosidad y la altura de miras de futuro por parte de los españoles que "pretende reformarse" con el Estatuto catalán.

El manifiesto exige la devolución del proyecto de Estatuto "por no ajustarse al texto constitucional vigente", y pide respetar la soberanía nacional que nace del pueblo español, defender la unidad de la nación española y apoyar la igualdad de los españoles ante la ley independientemente de donde hayan nacido. También se solicita que se mantenga la solidaridad como elemento fundamental del autogobierno constitucional, que parta del necesario consenso de las comunidades autónomas y las Cortes, y que no se busque a través de los estatutos reformas constitucionales. Además, el manifiesto pide que se incida en el traspaso competencial de las comunidades autónomas hacia las corporaciones locales.