La compensación a los pensionistas rebasará los 1.000 millones

El 3,7% de inflación alcanzado en septiembre hace muy difícil una moderación para noviembre, mes de referencia para abonar a los pensionistas la paga correspondiente a la desviación del IPC por encima de lo previsto (2%). Si la inflación se mantiene en el nivel actual, el Gobierno tendrá que destinar 1.020 millones de euros para que los ocho millones de pensionistas que hay en España no pierdan poder adquisitivo.

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, aseguró ayer que cada décima que se desvía la inflación cuesta 60 millones de euros. Si el IPC se acelera incluso más, al 4%, el desembolso sería mayor (1.200 millones de euros). Son cantidades que superan, por ejemplo, lo que dedica el Presupuesto de 2006 al pago de prestaciones por hijo a cargo.

Estos cálculos son superiores a los que en principio manejaba el Ministerio de Trabajo. Este departamento trabajaba con la hipótesis de una desviación similar a la del año pasado (en noviembre de 2004 la inflación se situó en el 3,5%), de forma que el pago adicional en pensiones no alcanzara los 1.000 millones. Sin embargo, las tensiones inflacionistas de los últimos meses amenazan con dejar obsoleta esta previsión.

Perjudicados

El dato del IPC genera preocupación en partidos políticos, empresarios y sindicatos. El Partido Popular atribuye el incremento de precios a "la política de gasto expansivo del Gobierno". A juicio de este partido, esa práctica "empieza a tener como grandes perjudicados a los consumidores, a los ahorradores y prácticamente a todo el mundo".

Para Izquierda Unida, el problema reside en que muchos sectores aprovechan el encarecimiento del crudo para subir otros productos. Ante esta situación, IU pide al Gobierno que no sea "complaciente" con el "ansia de beneficio" de algunos empresarios.

La patronal CEOE considera que el dato de inflación "ha desbordado todas las previsiones", por lo que pide al Ejecutivo un cambio en los Presupuestos de 2006, ya presentados. Las Cámaras de Comercio subrayan la amenaza que impone la continua subida de precios a la competitividad de la economía española.

También los sindicatos lamentan la mala evolución de precios. UGT pide un mayor compromiso a las empresas y a las administraciones públicas al fijar precios. CC OO ve "con mucha preocupación" el diferencial con la zona euro y considera que el Gobierno aborda este problema "con medidas tímidas e insuficientes".