La Audiencia de Guipúzcoa confirma la condena a los acosadores de Jokin

Los siete menores condenados por acosar a Jokin, el chaval de 14 años que se quitó la vida en Hondarribia el 21 de septiembre de 2004, serán finalmente internados durante un año en un centro educativo. El mes pasado, la juez de menores de San Sebastián, Nieves Uranga, decidió suspender la ejecución de la pena impuesta en julio por la Audiencia de Guipúzcoa, pero ésta, ayer, en un auto de 15 folios, no sólo se ratificó en su sentencia -un año de internamiento y otro de libertad vigilada-, sino que aplicó un severo correctivo a la actuación de la juez de menores.

El fallo considera en este caso el ámbito familiar inadecuado para la rehabilitación

Y no es el primero. El pasado mes de julio, la Audiencia de Guipúzcoa condenó a los siete compañeros de Jokin a dos años de internamiento al encontrarlos culpables de un delito contra la integridad moral y otro contra la salud psíquica. El fallo se produjo después de que los padres de Jokin recurriesen una sentencia anterior de la juez de menores de San Sebastián, que sólo había condenado a los acosadores de su hijo a 18 meses de libertad vigilada. Los padres del malogrado chaval consideraban que la pena no se ajustaba a lo que habían presenciado durante el juicio. Allí, 17 de sus compañeros de clase, el 4º A de ESO del Instituto Talaia de Hondarribia, ratificaron ante la juez que Jokin sufrió insultos y palizas constantes, un auténtico calvario, antes de morir.

Una menor se atrevió incluso a detallar cómo uno de los agresores le contó los detalles de la persecución a través de Internet. Fue seis días antes de que el chaval se quitara la vida tirándose por la muralla de Hondarribia. Uno de los jóvenes ahora condenados le escribió a través de un chat: "Tenías ke aberle visto hoy [a Jokin], a terminau con sangre por la boca y a recibido patadas puños tortazos balonazos". Sin embargo, dos semanas después del juicio, que se celebró a finales de abril, la juez Uranga dictó una sentencia en la que sólo consideraba a los menores responsables de un delito contra la integridad moral y establecía para ellos una pena de 18 meses de libertad vigilada. La familia de Jokin consideró "ridícula" la condena y la recurrió. Tres meses después, la Audiencia de Guipúzcoa le dio la razón punto por punto.

Por un lado, consideró probado que el fallecido sufrió lesiones psíquicas como consecuencia del acoso. Por otro, elevó las penas a dos años de internamiento y fijó la forma en que tendrían que cumplirlo. El primer año, residiendo en un centro educativo como domicilio habitual, con sujeción a su programa y régimen interno; y el segundo año, bajo libertad vigilada. En uno de los 44 folios de la sentencia se denunciaba con dureza la actitud de los padres de los agresores. "La estructura familiar", señalaba el tribunal, "se ha revelado como un ámbito insuficiente para servir de marco de contención de los menores e inadecuado para transmitir un explícito mensaje de responsabilización de los jóvenes por la conducta de grave afección de la dignidad y la salud mental de Jokin".

Sacaba la sentencia a colación un comunicado elaborado por uno de los padres en el que, lejos de recriminar la actitud de sus hijos o pedir perdón a la familia de la víctima, se buscaba el desprestigio de Jokin y los suyos. La Audiencia de Guipúzcoa no sólo aplicaba un correctivo a las familias de los acosadores, sino también a la juez Uranga, que había visto en esas mismas familias el entorno adecuado para recuperar a los jóvenes.

La sorpresa saltó el pasado mes de septiembre. Sólo un mes y medio después del fallo, la juez de menores decidió suspender la ejecución de la pena atendiendo a un informe pericial que volvía a ver en la familia de los condenados el entorno adecuado para su recuperación. La familia de Jokin consideró "escandalosa" la decisión de la juez, que en la práctica venía a dejar sin efecto la decisión de la Audiencia de Guipúzcoa, y volvió a recurrir.

El auto dictado ayer por la Audiencia es de una contundencia inusitada. Vuelve a recordar que los delitos cometidos son "especialmente graves" y que los siete condenados "ejecutaron de consuno la conducta humillante, vejatoria y dañina sufrida por Jokin". Se ratifica en que "la crueldad de su comportamiento denota la necesidad de acudir a una medida que (...) ratifique la importancia del respeto a la dignidad y a la salud de todos los menores que integran el medio escolar, desapruebe la conducta vejatoria y lesiva protagonizada, reconocer la significación del sufrimiento infligido a la víctima y a su entorno familiar y cree un marco de contención educativo que, a través de la responsabilización por la conducta desarrollada, evite que los menores vuelvan a humillar, vejar y dañar". La Audiencia de Guipúzcoa vuelve a recordarle a la juez, por segunda vez en un plazo de tres meses, que "la estructura familiar se ha revelado como un ámbito insuficiente para servir de contención a los menores".

Y, sobre todo, vuelve a ordenar, y ya sin posibilidad de recurso, que los siete acosadores sean internados durante un año.