Múgica amenaza con un recurso si no se modifica el proyecto

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha enviado una carta a todos los portavoces parlamentarios en la que muestra su enfado por la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña. De hecho, el escrito recuerda la potestad de esta institución para interponer un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se aprueba tal como está el artículo 78, que se refiere a las competencias del defensor catalán, el Síndic de Greuges.

A esta institución se le concede el derecho "exclusivo" de supervisar la actividad de la Generalitat, algo que, según Múgica, viola el artículo 54 de la Constitución, que permite al Defensor tramitar quejas relativas a cualquier administración pública: estatal, autonómica o local.

El artículo 78 de la reforma del Estatuto señala: "El Síndic de Greuges supervisa con carácter exclusivo la actividad de la Administración de la Generalidad [sic], la de los organismos públicos o privados que dependen de la misma, la de las empresas privadas que gestionan servicios públicos o realizan actividad de interés general o universal (...) Asimismo, supervisa la actividad de la Administración local de Cataluña (...)".

En la carta enviada a los portavoces de la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, Múgica recuerda que esta institución puede presentar un recurso de inconstitucionalidad contra cualquier ley cuando sea aprobada. Después de lanzar este aviso, concluye que "desde un punto de vista jurídico, en el ámbito de lo que el Estatuto contiene como regulación del Síndic de Greuges, la propuesta conculca o contraviene claramente, en algún caso, el mismo texto de la Constitución y en otras ocasiones presenta dudosos perfiles de viabilidad constitucional".

Competencia del Defensor

"Desde un punto de vista organizativo", insiste Múgica, la propuesta "casi despoja de contenido práctico las competencias del Defensor del Pueblo" en Cataluña, y "recorta claramente la efectividad de los derechos de los ciudadanos, catalanes o no, al impedir que prosperen las quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo de España, en cuanto esas quejas afecten" a la Generalidad catalana.

La semana pasada el Defensor y el Síndic de Greuges protagonizaron un conflicto a cuenta de la enseñanza en castellano en Cataluña. La oficina estatal recibió una queja por dos niños sordos a los que les obligaban a recibir clases de apoyo en catalán, cuando la lengua que conocen mejor es el castellano. Múgica elevó su preocupación porque entiende que es una lesión de derechos. El Síndic le respondió reivindicando la constitucionalidad de la política de inmersión lingüística, que prima al catalán sobre el castellano.