La mayoría de las alegaciones al decreto de la sequía pide nuevas obras hidráulicas en Málaga

La medida forzará a los regantes de Trevélez a ceder agua a la Contraviesa granadina

El agua hace tiempo que se convirtió en el problema número uno de Málaga. La medianoche del viernes se cerró el plazo de alegaciones al decreto de sequía y el aluvión de argumentos para reformar la medida, que entrará en vigor en unos diez días, ha demostrado que ésta quita el sueño a ayuntamientos, partidos, ecologistas, y al potente sector turístico. Las principales alegaciones reclaman que el dictamen afecte a toda la provincia y nuevas obras hidráulicas que aseguren el abastecimiento. El decreto se ampliará a la Alpujarra granadina, y obligará a los regantes de Trevélez a ceder agua a los pueblos de la Contraviesa.

Más información

Alrededor de una veintena de organismos ha presentado propuestas para retocar un decreto que afectará al consumo de agua de un millón de habitantes de 18 municipios del valle de Guadalhorce, la Costa del Sol occidental y Málaga. Los técnicos en recursos hídricos de estas entidades han trabajado a destajo en las últimas semanas para intentar que la Junta siga sus consejos e inclinar la balanza de su lado. "Todo el mundo lo está pasando mal y estamos acometiendo sacrificios para sacar el barco adelante", resumió Antonio Rodríguez Leal, director de la Cuenca Mediterránea. Leal aclaró que asumirá algunas alegaciones que considera "muy oportunas", y descartará otras "descabelladas".

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado hasta 35 alegaciones al decreto, cuyas medidas restrictivas considera "indiscriminadas" al no tener en cuenta la situación de cada zona. Para corregirlas, el consistorio propone que la Junta analice las medidas de cada uno de los 18 municipios de manera individualizada y no general. Además, el alcalde, Francisco de la Torre, considera que en el decreto se aprecian "importantes carencias" y cree necesarias once nuevas infraestructuras hidráulicas que aseguren el suministro: proyectos para la reutilización de aguas residuales y la adaptación de la planta de Pilones para tratar el agua contaminada de los embalses del Guadalhorce, entre ellas.

La coalición Izquierda Unida considera que el decreto no es más que "una declaración de buenas intenciones", que debe ampliarse al resto de la provincia, y que carece de compromisos económicos para garantizar las infraestructuras de emergencia que afronten sequías venideras. "El decreto no pone los cimientos para solucionar los problemas de agua de la provincia a medio y largo plazo", criticó su coordinador provincial, José Antonio Castro.

Dotación de infraestructuras

La Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol occidental se sumó a la petición de aumentar la dotación de infraestructuras y confía en que el abastecimiento de la principal zona turística no se vea interrumpido por las restricciones en el suministro. Por su parte, la asociación de promotores turísticos Promotur reclamó que los campos de golf sean considerados "productos turísticos", y tildó el riego asignado para dichos campos de "claramente insuficiente". Para Ecologistas en Acción el decreto llega "tarde y con deficiencias importantes". El grupo ha solicitado una moratoria para los nuevos campos de golf y que se asegure el suministro a los espacios protegidos.

La Junta ampliará el decreto e incluirá en él a la Alpujarra granadina tras fracasar las negociaciones abiertas con los regantes de Trevélez. Medio Ambiente forzará la cesión de agua desde esta localidad a la Contraviesa, toda vez que sólo queda suministro para diez días en la balsa que abastece los municipios de la zona. Sus 15.000 habitantes sufren restricciones diarias de 16 horas.

Las últimas esperanzas de acuerdo entre las partes se disiparon ayer mañana, en la reunión que mantuvo la consejera Fuensanta Coves, con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa, Pedro Álvarez, y el alcalde de Trevélez, el socialista Miguel Fernández. Los regantes no quisieron comparecer, pero el alcalde, según Coves, dejó claro que el pueblo no cederá voluntariamente agua porque no cree que el caudal de la acequia -de la que parte el trasvase- sea de 100 litros por segundo, como midió la Junta; y sospecha que el agua trasvasada tendrá otros fines ajenos al consumo humano. Así las cosas, Coves anunció que aceptará la alegación de la mancomunidad, formalizada el viernes en previsión de que no se alcanzara un acuerdo, para que así la Contraviesa quede incluida en el decreto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 08 de octubre de 2005.

Archivado En:

Te puede interesar

Lo más visto en...

Top 50