El Parlamento reclama a Prisiones que investigue las muertes en Nanclares

Las seis muertes registradas desde finales del año pasado en la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca motivaron ayer una reclamación del Parlamento a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para que realice una investigación "exhaustiva y minuciosa" sobre las mismas. La Cámara encarga además a su Comisión de Derechos Humanos que visite el citado centro. La proposición del tripartito salió adelante gracias a los votos de EHAK y de Aralar e incluye la reclamación del traspaso de las competencias penitenciarias al Ejecutivo autónomo.

El PSE, que reconoció que la prisión alavesa "no reúne condiciones adecuadas para la rehabilitación de los reclusos", vio derrotada una enmienda en la que instaba a las dos administraciones a renovar sus compromisos y suscribir acuerdos en beneficio de los presos en tanto no se materialice ese traspaso. El PP se opuso a la iniciativa del tripartito por considerar que las muertes ya han sido investigadas y vio en la reclamación de las competencias sobre las cárceles el deseo de acercar a los presos de ETA a Euskadi para irlos "excarcelando gradualmente" más tarde.

Los populares lograron sacar adelante una iniciativa de condena a ETA por los atentados contra empresas guipuzcoanas ocurridos el pasado mayo, que fue finalmente transaccionada con el tripartito y el PSE.El texto exige a la banda el cese definitivo del terrorismo y avala la actuación de Interior en su trabajo "para erradicar estas prácticas criminales". Los parlamentarios de EHAK no participaron en la votación y la de Aralar, Aintzane Ezenarro, se abstuvo. Ezenarro reiteró su "desacuerdo absoluto" con el terrorismo, pero justificó así su postura: "Estamos en nuevos tiempos y hay que adoptar los discursos apropiados".

El primer pleno ordinario de la legislatura registró votaciones de combinaciones diversas, incluida la unanimidad en dos asuntos: la petición de conmutación de la pena de muerte en Filipinas del joven Francisco Larrañaga, cuyo padre es de origen guipuzcoano, y la toma en consideración de la proposición de ley elevada por las Juntas Generales de Vizcaya para promover ante el Congreso la modificación de dos leyes orgánicas.

El objetivo del cambio planteado es intentar blindar jurídicamente las normas forales aprobadas por las Juntas Generales, especialmente las de carácter fiscal, equiparándolas al rango de leyes. De esta forma, sólo podrían ser recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central, el Defensor del Pueblo o 50 diputados o senadores. Se trata de evitar, como indicó el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, quien defendió la iniciativa, que las normas fiscales puedan ser impugnadas en la vía contencioso-administrativa por cualquier persona física o jurídica afectada. Es lo que ha sucedido en los últimos años con los recursos de los gobiernos y las patronales de La Rioja y Cantabria contra los incentivos fiscales a la inversión y que a finales de 2004 llevó al Tribunal Supremo a considerar ilegal buena parte el Impuesto de Sociedades vasco.

El cambio exige modificar las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Por ello, la iniciativa se tramitará ahora como un proyecto de ley en la Cámara vasca.

Al Congreso

Tras su aprobación, debe remitirse al Congreso para que, si la toma en consideración, aborde la reforma de ambas leyes. Esta pretensión puede encontrar, sin embargo, problemas en el Congreso, dada la mayoría requerida para modificar una ley orgánica. Algunos expertos han apuntado que sería más sencillo conseguir el blindaje deseado llevando las normas forales tributarias al Parlamento vasco y aprobándolas como leyes.

Pese al pronunciamiento favorable de todos los grupos, el debate en el Parlamento puede aún registrar dificultades, ya que el PP quiere reformar también la Ley de Territorios Históricos con el mismo objetivo para que las Juntas Generales puedan también recurrir al Constitucional contra legislación del Parlamento autónomo. El socialista Emilio Guevara advirtió de que el cambio de la Ley de Territorios Históricos no resuelve el problema, pero consideró lógico es que las cámaras forales puedan "defenderse de extralimitaciones tanto del Legislativo español como del vasco", algo que rechazan los nacionalistas.