"La Administración debe pactar con cada colegio unos objetivos y darle los recursos"

El nuevo consejero de Educación, Tontxu Campos (Barakaldo, 1962), es consciente de que la etapa que se abre esta legislatura tendrá gran intensidad en el mundo educativo vasco, con el debate sobre la vigencia de los modelos lingüísticos en primer término. En ese camino, se muestra dispuesto a buscar el máximo consenso posible, pero advierte de que no aceptará vetos políticos. Campos tiene claro que los centros deben disfrutar de mayor autonomía, lo que supondrá una de las bases de su política. Para ello apuesta por la firma de contratos-programa con los colegios que especifiquen los recursos que aportará la Administración y los objetivos que se deben alcanzar.

Pregunta. Entre sus planes para esta nueva legislatura figura la aprobación de una Ley del Sistema Educativo Vasco. ¿Buscará alcanzar el mismo consenso que hizo posible en 1982 aprobar las principales leyes educativas vascas?

"La búsqueda del consenso a la hora de reformar los modelos lingüísticos no debe significar capacidad de veto por nadie"

"Dar una ayuda puntual a las universidades privadas no debe verse como un detrimento para la financiación de la UPV"

Respuesta. Una ley como la que aspiramos a sacar requiere de un acuerdo amplio en el diagnóstico de la situación actual y en los objetivos que queremos con esa ley, siempre pensando en el futuro. Me encantaría que los políticos y los agentes sociales fuésemos capaces de lograr el máximo consenso, pero soy consciente de que la búsqueda del consenso no debe significar capacidad de veto por ninguna de las partes.

P. La revisión de los modelos lingüísticos es un debate abierto desde la etapa del consejero Inaxio Oliveri (1991-2001). ¿Cómo lo afrontará usted?

R. Es cierto que ese debate lleva mucho tiempo en la sociedad vasca. Lo que ahora tenemos son algunas evaluaciones, lo que nos permitirá tomar las decisiones basadas en datos y no en intuiciones. No digo que sean suficientes, pero ahora ya tenemos datos. Merece la pena que no empleemos esos datos como armas arrojadizas y sí para llegar a un acuerdo.

P. ¿Qué impresión ha sacado tras analizar esas evaluaciones?

R. El dato más obvio es que el carácter diferencial de los modelos no tiene influencia en el nivel de conocimiento del castellano. Aunque algunos piensen que los que estudian en modelo A dominan mejor el castellano que los del D, los datos existentes dicen que no, que es independiente el modelo para la capacidad de comunicarse en castellano. Y, en segundo lugar, hay otro dato que indica que ningún alumno del modelo A y sólo el 33% de los del B alcanzan un nivel de euskera similar al Firts Certificate inglés. Está claro que alguna medida hay que tomar para cumplir con la Ley de Normalización del Uso del Euskera, que dice que al final de la enseñanza obligatoria los jóvenes deben ser capaces de comunicarse en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Aún se puede evaluar más, pero creo que es a partir de estos datos donde hay que empezar a trabajar.

P. Uno de los planteamientos que se hacen es que sean lo propios centros los que establezcan su modelo lingüístico. ¿Es factible esa fórmula?

R. Una de las apuestas que hace este departamento es proporcionar mayor autonomía a los colegios. Dentro de ese modelo, parece razonable que dentro del proyecto educativo de cada centro se tratase de garantizar la capacidad de comunicación en ambas lenguas de los estudiantes del centro. Se me antoja difícil de gestionar por el número de colegios y porque los jóvenes no permanecen en el mismo lugar a lo largo de toda la enseñanza.

P. Los centros insisten en la demanda de mayor autonomía, no sólo en el modelo lingüístico, sino en más áreas.

R. Los colegios están constreñidos, sobre todo, por los procedimientos que establece la Ley de Función Pública, la de Cuerpos Docentes,... Mientras estemos en una Administración pública nos debemos regir por unos procedimientos de contratación determinados, que proporcionen igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. El centro tendría autonomía para contratar personal, pero de acuerdo con unos modos y maneras. Estoy de acuerdo con la filosofía de más autonomía y vamos a estudiar fórmulas para la contratación de personal, organización de los recursos y para concretar el cumplimiento de los objetivos y qué pasa cuándo éstos no se cumplen. No hay que olvidar que trabajamos con jóvenes. La Administración debe pactar con cada colegio unos objetivos y darle los recursos.

P. Es decir, ¿el departamento podría firmar un contrato-programa con cada centro donde se establezcan los objetivos a conseguir y los recursos para alcanzarlos?

R. Efectivamente. Es la forma adecuada para dar más autonomía a los colegios y por la cual la Administración se vincula con un organismo que también depende de ella. Se pueden establecer parámetros de autonomía en la gestión y, a la vez, acordar objetivos, especificando los niveles de calidad a conseguir en cada uno de los ámbitos para considerar que un centro ha cumplido con los objetivos. Mediante esa fórmula las dos partes, Administración y colegio, nos comprometemos a una serie de objetivos y entrega de recursos para conseguirlos. Al final del periodo se evaluará el conjunto de los resultados y se establecerán las mejoras para que al año siguiente se mejoren los resultados o se planteen unos más ambiciosos.

P. ¿Esa fórmula del contrato-programa no podría generar una competitividad indeseada entre los centros?

R. Tendríamos que garantizar siempre unos recursos adecuados para lograr las metas. Y después, en función de que haya programas innovadores, como de implantación de más lenguas o de desarrollo de habilidades de los alumnos, podemos dotar de más recursos.

P. ¿Se debe financiar a las universidades privadas mientras la pública sufre carencias?

R. Dos millones de euros en el caso de Mondragón suponen un 6% de su presupuesto y otros dos para Deusto suponen el 3% de sus cuentas. ¿Esto es financiarlas? ¿Aportan algo de valor añadido esas dos universidades a Euskadi? Sí. Dar una ayuda puntual no hay que verlo como un detrimento para la financiación de la UPV.