El Tribunal de Cuentas considera ilegal la compraventa de los terrenos de Mecapeña

El Tribunal Vasco de Cuentas considera ilegal la compra en 2003 de bienes de la empresa Mecánica de la Peña a sus trabajadores por la Diputación vizcaína. El órgano auditor cuestiona la operación, que le reportó a la plantilla de la factoría, cerrada en 2001 con un pasivo de 181 millones de euros, unas plusvalías de casi 9,5 millones. En su informe sobre las cuentas vizcaínas de 2003, el tribunal aprecia otras irregularidades en las contrataciones y subvenciones y constata que la Diputación vuelve a aplazar deuda tributaria, por 5,7 millones, de forma irregular.

El último informe sobre la Diputación de Vizcaya del órgano que fiscaliza la actividad de todas las instituciones y administraciones vascas es el más contundente de los últimos años. Tras las mejoras constatadas a finales de la década pasada, que se vieron emborronadas en 2001 y 2002 con un aumento de las deficiencias en los contratos y ayudas directas adjudicadas, la auditoría de 2004 amplía las anomalías apreciadas.

La principal es la operación llevada a cabo por la quiebra de la empresa de bienes de equipo Mecánica de la Peña, que entró en suspensión de pagos en 1999 y cerró en 2001. Con la intención de favorecer a los 320 empleados de Mecapeña, el Departamento de Hacienda de la Diputación, que tenía trabados distintos bienes de la empresa por una deuda fiscal de 9,7 millones de euros, realizó una operación calificada ahora de ilegal por el Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador relata que la Diputación adjudicó en 2002 a la sociedad mercantil de los trabajadores en poco más de un millón de euros unos terrenos y pabellones de Mecapeña valorados oficialmente en 6,6 millones. A principios de 2003, una sociedad participada por la institución foral y el Gobierno vasco adquirió esos mismos bienes a la plantilla de la factoría por 6,9 millones, es decir 5,8 millones más de lo que los empleados habían abonado pocos meses antes a la Hacienda foral. A ello se añade la adquisición de otros terrenos por 7,5 millones que habían sido adjudicados con anterioridad a los trabajadores por 3,6 millones.

El Tribunal de Cuentas considera que la Diputación debió adjudicarse "directamente" los terrenos, sin la intermediación de los trabajadores, "en pago de las deudas tributarias".

El informe añade que, en 2002, la Diputación concedió un aval de 2,6 millones a la sociedad mercantil de los trabajadores para la compra de terrenos y pabellones, pero el impago del préstamo motivó la ejecución del aval y los gastos con cargo al presupuesto foral de 2003. La institución vizcaína dictó una orden, en julio de ese año, para iniciar el procedimiento que permitiera recuperar los 2,6 millones. El tribunal apunta que, sin embargo, se "limitó a reclamar su pago en octubre de 2003, sin que consten actuaciones posteriores hasta la fecha de este informe".

En las alegaciones que se incluyen en el informe, la Diputación vizcaína se limita a asegurar que la Fiscalía del Tribunal Superior, que investigó los hechos después de que el comisario de la quiebra sostuviera que hubo prevaricación en la actuación de la Hacienda vizcaína, "se ha pronunciado diciendo que no hay indicios de delito, por lo que no se entiende por qué se pone [en el informe la operación de Mecapeña] si no supone ningún riesgo". La institución foral opina que el tribunal incluye en el informe "hechos que no deberían constar, ya que todo es legal".

- Aplazamiento de deudas. El documento del órgano fiscalizador constata, como en informes anteriores, irregularidades en el aplazamiento de deudas tributarias. En 2003, ejercicio en el que la Hacienda concedió 5.124 demoras por un importe de 92 millones, figuran 10 aplazamientos por 2,1 millones con un interés más bajo que el estipulado y otros cinco expedientes por 3,6 millones en los que no se aportó la garantía exigida.Las cifras son, sin embargo, inferiores a años anteriores: en 2001 se comprobaron irregularidades en aplazamientos por importe de casi 115 millones.

- Presupuestos. Indica que se ha incumplido la norma foral del régimen económico de Vizcaya por la retirada del proyecto de presupuestos de 2003 sin tramitarlo ante las Juntas Generales. La Diputación arguye que tiene la potestad de retiralo siempre que no haya sido aprobado en la comisión correspondiente, pero el tribunal replica que no cuestiona esa decisión, sino que "debió presentar de nuevo un proyecto" de cuentas.