Los populares ofrecen de nuevo a los socialistas sentarse a negociar un pacto sobre el urbanismo

El PP volvió ayer a ofrecer a los socialistas valencianos sentarse a negociar la política urbanística valenciana. Es la segunda vez en dos semanas. Los socialistas reiteraron que para sentarse es precisa la paralización de los PAI fuera de ordenación y la retirada de dos leyes y el proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Fuentes populares aseguraron que el Consell estaría dispuesto a retirar este último proyecto legislativo, que ha de sustituir a la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada en 1994 por el último Gobierno socialista.

Es la segunda vez en dos semanas que el PP se dirige al PSPV con el propósito de sentarse a negociar un pacto por el urbanismo. La primera vez el intento se frustró, según los socialistas, por "la mala fe" de los populares, a los que acusaron de envenenar una negociación que todavía no había ni comenzado. Ayer volvió a producirse otro contacto a iniciativa del Gobierno: el portavoz del Grupo Popular de las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, se acercó a su homólogo socialista y secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, para proponerle de nuevo un pacto por el urbanismo. Pero Pla respondió de nuevo poniendo sobre la mesa que antes que nada era precisa la paralización de los Programas de Actuación Integrada (PAI) que estén fuera de ordenación municipal. Se trataría de poner el contador a cero; lo que implicaría también la retirada de las dos leyes urbanísticas aprobadas esta legislatura en solitario por el PP, además de la retirada de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), ahora en fase de enmiendas en las Cortes.

Los socialistas, que ya han dicho que no tenían nada que hablar con el PP acerca de un pacto urbanístico, están en contra de que el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) actúe, asociado a un promotor privado, como agente urbanizador en algunos PAI e insisten en que los proyectos urbanísticos deben supeditarse a las disponibilidades de recursos hídricos. Además entienden que el consejero de Territorio, Rafael Blasco, no puede ser su interlocutor en este proceso.

Por su parte, los populares parecen buscar desesperadamente un pacto, debido a la alarma social originada por su política urbanística y la proliferación de planes y de proyectos de campos de golf. De ahí que ayer, durante una intervención en las Cortes, el consejero Blasco se mostrara más conciliador de lo habitual. Blasco intervino con motivo de una interpelación planteada por el diputado socialista Adolf Sanmartín sobre la política general de la Generalitat en las zonas costeras de la Comunidad Valenciana. Sanmartín calificó a Blasco como el consejero de "desordenación" del territorio y le acusó de llevar cuatro años anunciando de forma premeditada la aprobación de una moratoria que supondría la paralización de la construcción en los primeros 500 metros de la franja litoral. Según el parlamentario del PSPV, de esta manera Blasco ha "avisado" dos veces a los promotores para que se dieran prisa "para poder especular con el territorio".

Blasco acabó lanzando un órdago: si el PSPV logra que sus alcaldes soliciten una moratoria de construcción en el litoral y paralicen los PAI y los campos de golf en esta franja, la Generalitat "suspenderá todas las actuaciones urbanísticas en la costa".