Los presupuestos del Estado destinan 90 millones a cultura y transporte en el área de Barcelona

Los presupuestos generales del Estado incluyen dos partidas en el capítulo de financiación de instituciones de Barcelona que suman 90 millones de euros, en aplicación del sistema de financiación de los gastos de capitalidad de Barcelona previstos en la Carta Municipal, cuyo texto tiene que aprobar el Congreso. De esa cantidad, se destinan 15 millones a los gastos de cultura que asume el Ayuntamiento de Barcelona y que por su naturaleza trascienden del municipio estricto, y la otra partida, de 74,3 millones de euros, también finalista, se empleará en financiar el transporte metropolitano y compensar el sobregasto que asume la capital por una red de transporte que llega a varias localidades del área. Los 74,3 millones de euros serán la aportación cuatrienal de 2006 a 2010, según puntualizaron fuentes municipales.

El otro capítulo que se financia a través de convenios finalistas es el de la justicia de proximidad, cuya ley está en trámite de aprobación. No obstante, los presupuestos generales del Estado precisan que la dotación de Justicia se incrementará el 12% en 2007 para afrontar el gasto que supondrá la implantación de la justicia de distrito.

Por otra parte, la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales en la comisión de Hacienda del consistorio volvió a enfrentar al bloque del tripartito municipal y a la oposición. Así, Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) reiteraron sus críticas a lo que consideran una subida enmascarada de la presión fiscal sobre los barceloneses con la generalización del área verde de estacionamiento a partir del mes de octubre. Insistieron en que los residentes no deberían pagar un euro a la semana, argumento al que los representantes del tripartito contestaron que es una cantidad ínfima y que, además, se bonificará a los vecinos que aparquen bien.

Pilar Ballarín, concejal de Hacienda, defendió que el área verde es un buen instrumento para poner freno al incivismo en el tráfico. Y con relación a las sanciones de tráfico impuestas por el consistorio a personas que no residen en Barcelona, ayer firmaron un convenio el alcalde, Joan Clos, y el consejero de Economía, Antoni Castells, para que se pueda embargar a los sancionados si no pagan las multas. De los casi 1,5 millones de multas de tráfico impuestas el año pasado, se cobraron el 44%, y la gran mayoría de los morosos viven fuera de Barcelona.

En la misma comisión municipal, el grupo de Convergència i Unió criticó abiertamente al consistorio por pactar unos estatutos del Consorcio de Bienestar Social sin financiación y sin especificar la titularidad de las residencias de la tercera edad, "algo que reclamaban al Gobierno de CiU y ahora parecen haber olvidado desde que gobierna el tripartito", señaló el portavoz de CiU, Joan Puigdollers.