¿Todos de acuerdo?

Después de la resaca posestatutaria y antes de lo que se nos viene encima, convendría repensar dónde hemos llegado y hacia dónde nos dirigimos. Es evidente que hasta ahora la larga marcha ha valido la pena. Desde mi punto de vista tenemos un buen texto, con una visión de las conexiones interinstitucionales que renueva profundamente las relaciones entre España y Cataluña en el contexto de la Unión Europea, y con una puesta al día significativa de las bases y valores constitucionales de finales de los años setenta a la luz de la nueva realidad de la globalización. Por otro lado, el Título I, de Derechos, Deberes y Principios Rectores, tiene un calado extraordinario, con avances y concreciones sobre lo que es el ejercicio de la ciudadanía en el siglo XXI que no tienen demasiado parangón. Se trata de una propuesta de ejercicio del autogobierno que creo sensata, meditada, profunda y potencialmente transformadora de la vida de las gentes de este país. Desde este punto de vista, el caso merecería ser visto desde el Estado y sus instituciones más como oportunidad que como problema. Pero nada hace suponer que esa visión prevalezca, más bien al contrario.

Ante la tormenta que se avecina, uno de los elementos que más se esgrime en relación con la postura del frente catalán es la necesidad de mantener su unidad y su cohesión. Se argumenta que sólo de esta manera se podrá aguantar el envite centralizador y regresar con un texto suficientemente aceptable que presentar en el referéndum con el que el pueblo catalán deberá refrendar finalmente el proceso. Pero deberíamos recordar que la casi absoluta unidad con que fue votada la propuesta de nuevo Estatut y la radiante alegría unitaria que se vivió el pasado viernes en el edificio de la Ciutadella escondían y siguen escondiendo notables y legítimas diferencias internas sobre el articulado y acerca de su plasmación futura en modelos de país y perspectivas estratégicas. Me parece evidente que un espectador atento de la última fase de debate en el pleno percibió esos desacuerdos y esos chirridos en puntos clave del nuevo proyecto estatutario. Y un espectador menos atento no tuvo otro remedio que denotar y probablemente extrañarse ante el parón con que nos obsequiaron los parlamentarios para poner comas, puntos y retruécanos en la salsa financiera y laico-educativa con que concluyó el asunto.

Deberíamos ir con cuidado en no confundir la gran fuerza que da el presentarse en las Cortes con un proyecto apoyado casi unánimente, con diluir las diferencias entre las fuerzas políticas catalanas para imaginar algo así como que Cataluña y los catalanes son "una comunidad de intereses, metas y afectos", como afirmaba el PP de José María Aznar que era España hace poco tiempo. A diferencia de lo que apuntaba el Partido Popular, la integración de España o de Cataluña no puede construirse sólo desde las semejanzas, sino también a través de las diferencias, buscando la legitimación en la continuada tolerabilidad de las divergencias. Una sociedad que busca su unidad en la aceptación y el reconocimiento del conflicto, y que va por tanto más allá del unitarismo como bandera, es una sociedad viva y moralmente activa. La fuerza de la democracia reside en la aceptación institucionalizada del antagonismo político y social, evidentemente respetando las reglas de juego que excluyen la violencia como medio de presión. Es precisamente el conflicto el que, a diferencia de lo que muchas veces se cree, acaba cohesionando y vertebrando una sociedad. No podemos ahora aceptar el "todos somos nosotros" que lanzaba el PP hace un cierto tiempo refiriéndose a España, simplemente por el hecho que ahora hablamos de Cataluña. No habría nada más contradictorio con el pensamiento federal, asimétrico y lleno de matices que transmite el nuevo proyecto, que tratar de pasteurizar o jibarizar las contradicciones internas que existen en el bloque de los 120 diputados. Y esa es precisamente la fuerza del acuerdo alcanzado, que surge de la diversidad, del conflicto, de las diversas visiones de Cataluña que transporta y permite.

El reto es trabajar desde la unidad de planteamientos que expresa el acuerdo alcanzado para conseguir una mejor plataforma de mejora de las condiciones de vida de las gentes de Cataluña y de reconocimiento de su realidad nacional diferenciada, sin por ello acallar o tratar de quitar hierro a los diferentes proyectos políticos y sociales que existen claramente en esa coalición temporal y precaria. No es fácil. Pero precisamente por eso el texto aprobado el pasado viernes sirve de punto de llegada y de salida, demostrando (aunque sea con retraso y con muchas plumas perdidas por el camino) una madurez política significativa. La indeterminación en la que entramos no debe angustiarnos. Lo angustiante sería lo contrario, un país en el que ni el poder, ni el derecho, ni el conocimiento estuvieran en cuestión. Si la representación de las distintas fuerzas políticas catalanas mantiene esa tensión unitaria y diversificada, y se mantiene un apoyo social y político significativo de la población catalana a las potencialidades de mejora para una gran parte del país que el texto contiene, las posibilidades de avanzar no son desdeñables, ya que la confluencia político-territorial que expresa el liderazgo renovador de José Luis Rodríguez Zapatero puede ser decisiva. Pero más allá de la coyuntura política, nos convendría recordar que la democracia ofrecerá siempre más perspectivas de integración política a través del conflicto permanentemente presente que a través de un consenso que atenace y acalle disidencias y diferencias.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.