La Junta valora el proceso de adaptación del 66% de los municipios a la Ley de Ordenación Urbanística

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, valoró ayer que un 66% de los municipios están en fase de adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística, mientras el PP-A criticó el "fracaso absoluto" de la norma y denunció la corrupción actual e IU lamentó que la Junta mire "hacia otro lado".

Gutiérrez compareció ante la comisión parlamentaria de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para evaluar el contenido y la aplicación de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). La consejera repasó los principales puntos de desarrollo de esta norma y destacó que su entrada en vigor "se está haciendo con normalidad", aunque reconoció que en algunos temas su aplicación ha puesto de manifiesto que necesita "de una mayor precisión con rango de ley" antes de abordar los reglamentos específicos.

Aseguró que su aplicación se producirá "cuando todos los municipios andaluces hayan revisado y adaptado sus planes generales de ordenación urbanística" como prevé la citada norma, y reiteró que se logrará "sólo cuando el planeamiento urbanístico esté adaptado a la ley". Además, avanzó que 404 ayuntamientos están en proceso de revisión de sus planes y han solicitado subvenciones para la adaptación, lo que supone que un 66% por ciento del total de los existentes en la comunidad están en fase de adaptación, mientras que otros 23 ya se han adaptado a la norma. El portavoz de Infraestructuras del PP-A, Jorge Ramos, aseguró que esta norma ha sido "un fracaso clamoroso" y lamentó que la consejería continúa errando y por eso su titular "no habla de frustración ni de fiasco de la Ley, sino de su perfeccionamiento". "¿Cómo se puede hablar de perfeccionamiento de un mecanismo que ha funcionado bien?", preguntó a la consejera, a quien recordó que "las leyes valen por los resultados tangibles que producen y evidentemente por sus efectos y resultados en la sociedad", por lo que, en este caso, tildó la norma de un "fracaso clamoroso".

El diputado de IULV-CA Ignacio García expresó "cierto poso de frustración" porque la norma "no ha respondido al objetivo principal de facilitar el acceso a una vivienda a la mayoría de los andaluces". Criticó que no ha habido "suficiente voluntad política para optimizar" la aplicación de la Ley. "Como no cambie la forma de actuar de la Consejería por más que se mejore la LOUA y se introduzcan nuevas leyes no se resolverá el problema de la vivienda de Andalucía, ni la especulación ni se cumplirá con el derecho constitucional a la vivienda".