Más del 25% de los funcionarios siguió el paro, según el Ejecutivo

Los sindicatos aseguraban ayer que la huelga había tenido más incidencia que en otras ocasiones en el sector privado, aunque no daban cifras. Basaban sus cálculos en que se habían producido más preavisos de huelga que otras veces. El Ejecutivo sí que anunció que más del 25% de los funcionarios había hecho huelga, cuatro puntos menos que el pasado 10 de marzo. Y es que en Francia las huelgas las realizan casi exclusivamente los trabajadores del sector público.

Los analistas incidían ayer en esta constatación porque la gran paradoja es que el descontento social es una realidad, la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados no la discute nadie y el desempleo se mantiene estructural en torno al 10%. Y nada de esto afecta a los funcionarios y, por extensión, a todos aquellos que cobran de las arcas del Estado, independientemente de cuál es la Administración o empresa pública para la que trabajan. En la actualidad, no sólo tienen garantizado un trabajo de por vida y una pensión razonable cuando se jubilan, sino que -a diferencia de lo que sucedía en otros tiempos- cobran unos salarios por encima de la media.

Con la de ayer, son ya siete las movilizaciones sindicales contra el Gobierno desde que los conservadores tomaron el poder en Francia en 2002. La huelga ritual de otoño, que ya no es un acontecimiento, sino una cuestión estacional, también ha puesto en evidencia la desaparición de la izquierda política, cuyo espacio parecen quererse apropiar los sindicatos, por más que se tengan que apoyar en encuestas y no en su militancia para reclamar representatividad.

Ausencia de la izquierda

Los líderes políticos de la izquierda brillaron por su ausencia u optaron por una presencia tan discreta que les delataba. En el Partido Socialista, tan sólo Henri Emmanuelli y Arnaud Montebourg se dejaron ver en París. El primer secretario, François Hollande, y el ex ministro Jack Lang optaron por acudir a manifestaciones de pequeñas ciudades de provincias.

Por el contrario, líderes sindicales como el secretario general del sindicato CFDT, François Chérèque, pedían al Gobierno que "sea más exigente con las empresas y que controle la utilización de los 22.000 millones de euros de ayudas que da todos los años, sobre todo para empleo y sueldos".

La huelga de ayer es la primera que sufre el Gobierno de Villepin, y está dirigida específicamente contra las tímidas reformas laborales que introdujo poco antes del verano. La medida estrella para alentar a los empresarios a que creen empleo sin tener que tocar el rígido código de trabajo francés fue el llamado "contrato de nuevo empleo", destinado a los jóvenes, que otorga un plazo de dos años a las empresas de menos de 20 trabajadores durante los que pueden despedir a los nuevos empleados sin justificación. Para los sindicatos se trata de una puerta abierta a la "precarización del empleo".