Economía ordena a los notarios crear un órgano para luchar contra el blanqueo

El Ministerio de Economía y Hacienda ha ordenado al Consejo General del Notariado a constituir el Órgano Centralizado de Prevención (OPC). El objetivo es "reforzar, intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las autoridades judiciales, policiales y administrativas en la lucha contra el blanqueo de capitales". La orden ministerial de Economía, que data del pasado 24 de septiembre, refuerza la consideración de los notarios como "sujetos obligados" en su papel en la lucha contra este tipo de fraude. Los notarios reclamaban un órgano de este tipo.

La Operación Ballena Blanca de marzo de este año, la mayor actuación policial contra el blanqueo de dinero en Europa, supuso un antes y un después en la lucha contra el fraude financiero. Desde el pasado abril, cuando entró en vigor el Decreto 54/2005 que reformaba la ley sobre blanqueo de capitales, el Gobierno ha reforzado el papel de los funcionarios públicos en perseguir operaciones sospechosas.

Ahora, el Ministerio de Economía ha decidido que se cree un cuerpo para apoyar a los notarios en esta labor: el Órgano Centralizado de Prevención (OCP), que debe establecer el propio Colegio General del Notariado y que reforzará la colaboración entre los notarios y la Administración. Con la creación del OCP se estrechará el cerco a operaciones con dinero negro en sectores como el de la vivienda, el narcotráfico, la prostitución u otras actividades delictivas.

Según el presidente del colegio, José Marqueño de Llano, "es un órgano puramente técnico que servirá de consulta para los notarios, canalizará la información con la Administración y detectará operaciones fraudulentas". Marqueño explica que este órgano nace a raíz del cambio de consideración del notario como "mero colaborador" y convertirse en "sujeto obligado" y que exige a éstos facilitar datos sobre actuaciones sospechosas al Estado. El objetivo, añade, es "ser más eficiente y mejorar la colaboración con la Administración".

La existencia del OCP, que entrará en funcionamiento dentro de tres meses, permitirá que los 2.900 notarios que hay en España y que hasta la fecha actuaban de forma individualizada puedan centralizar todas las operaciones, lo que permite cruzar datos con procesos informáticos y detectar operaciones irregulares y fraudes. Un proceso que, según recalcan los propios notarios, por sí mismos les es difícil detectar y acometer. "Los notarios hemos recibido con satisfacción este órgano", asegura Marqueño. De hecho, "era un deseo del notariado que existiera un órgano de este tipo". La responsabilidad de los notarios variará en función de las irregularidades que cometan. "Aparte de ser una especie de órgano auditor para los notarios, también es de asesoramiento, los notarios no somos expertos en blanqueo de capital", explica Marqueño. Desde el colegio notarial se destaca la importancia del personal que va integrar el OCP, son técnicos especializados en blanqueo de capitales.