Británicos afectados por el derribo de casas en Elche denuncian en la prensa de su país que fueron estafados

El diario The Times de Londres se hizo eco ayer de la situación de ilegalidad de varias viviendas unifamiliares construidas en la Sierra del Molar, en Elche. Dos de estas casas ya han sido derribadas por orden judicial y hay 11 más en la misma situación. Sus propietarios son todos ciudadanos británicos y han denunciado el caso en la prensa de su país.

El diario indica que las viviendas están construidas en suelo calificado como rústico y que probablemente fueron estafados por la empresa promotora de la urbanización, Prever 2002; sin embargo apunta también a cierta responsabilidad por parte del Ayuntamiento de Elche, extremo que el concejal de Displina Urbanística, José Manuel Sánchez, negó ayer tajantemente. Nicolas Helebuick, director de Prever 2002, declaró al periódico que su empresa había tenido hasta fecha reciente "muy buenas relaciones" con el departamento de planificación ilicitano. "Todo se torció cuando hubo un cambio de personal en ese departamento", señaló Hellebuick.

El Ayuntamiento culpa del fraude a la promotora, que edificó en suelo rústico

El periódico cita, entre otros, al matrimonio Lynn Y Robert Mail, que espera que cualquier día se presente la piqueta y derribe una casa que les costó 300.000 euros. El periódico da una serie de consejos a los potenciales compradores británicos de casas en España, entre ellos consultar a un abogado español y examinar los documentos del Ayuntamiento, no los que pueda presentar el agente inmobiliario

El concejal ilicitano explicó ayer que desde el principio se abrió expediente de infracción urbanística y se firmaron varios decretos de paralización de las obras, "a los que el promotor y constructor hizo caso omiso", afirmó Sánchez. "Se precintó la obra y la Policía Local estuvo durante un mes allí de forma permanente para evitar que siguieran construyendo; además los mismos agentes informaron a los compradores de las casas de que podían presentar denuncias por estafa contra el promotor".

Como no se hizo caso a los requerimientos municipales, el Ayuntamiento, según el edil, interpuso una denuncia por la vía penal contra el constructor por presunto desacato, por desobediencia a la autoridad. En la actualidad hay 11 viviendas de esa promoción pendientes de derribo. Seis de ellas ya tienen sentencia firme del juzgado, pero en cinco casos se recurrió. De momento tres de estos cinco recursos han sido no admitidos a trámite por el Tribunal Superior de Justicia, según el concejal ilicitano.