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La verja de Melilla y el Estado de bienestar

Antón Costas

No consigo sacar de la retina las escenas imaginadas de cientos de magrebíes acercándose durante la noche a las altas verjas metálicas con alambre de púas de Melilla para intentar superarlas ayudados con rudimentarias escaleras de palos y acceder así al paraíso soñado de Occidente. Tiene que haber mucha desesperación detrás de esas personas para llevarlas reiteradamente a intentar cruzar esas elevadas verjas con riesgo de su propia vida o de su integridad física.

Pero más allá del hecho de que un pequeño número de personas accedan de esa manera -que tanto recuerda a los asaltos medievales a los castillos y ciudades amuralladas- a este país, esas imágenes tienen el valor simbólico, a la vez que dramático, de recordar una realidad con la que llevamos conviviendo algunos años sin saber cómo afrontarla y también sin ser muy conscientes de sus consecuencias futuras sobre nuestra convivencia y la sostenibilidad de las políticas de bienestar.

Sin duda, la relevancia de esas imágenes no reside en que un reducido grupo de personas penetre ilegalmente en España. En ese sentido, el problema está en los que entran masivamente a través de los aeropuertos y las fronteras terrestres y marítimas de la Península por las que las que acceden como turistas para quedarse. Su relevancia viene de otros dos hechos. Por una parte, en que recuerdan que el impulso que mueve a los inmigrantes a entrar ilegalmente siempre será mayor que la altura de las verjas y el celo de los vigilantes para evitarlo. Por tanto, el problema del control se traslada a su permanencia en el territorio nacional y a los derechos a los que esa permanencia da lugar.

Por otra parte, esas imágenes indican que la inmigración constituye posiblemente el fenómeno social más relevante de la última década. Y también señalan que es el factor que va a tener mayor capacidad de influencia en la configuración de la estructura social y la vida política del país en la próxima generación. Pasar en sólo cinco años de ser el país europeo con mayor homogeneidad étnica a ser uno de los que en este momento tiene más población relativa de inmigrantes y más diversidad de origen, no es un proceso que pueda digerirse sin consecuencias. Sin embargo, hasta ahora ese proceso se ha desarrollado sin grandes conflictos sociales, a excepción de algunos episodios esporádicos de violencia en algunas zonas en las que se ha producido una mayor densidad de población inmigrante.

Conviene, sin embargo, ser conscientes de las razones que hasta ahora han hecho posible que no haya habido problemas sociales y políticos graves provocados por la inmigración. Por un lado, el fuerte crecimiento registrado por la economía española durante la última década, combinado con los efectos de la caída demográfica, ha permitido la integración laboral de los nuevos inmigrantes sin grandes conflictos sociales y sindicales. Por el contrario, la inmigración ha permitido cubrir necesidades de mano de obra en actividades que de otro modo se hubiesen visto afectadas por la falta de mano de obra autóctona o por el hecho de que las políticas de bienestar internas desincentivan a los españoles a desarrollar esas actividades. Por otro lado, la falta de problemas políticos derivados de la fuerte inmigración se ha visto favorecida por un hecho singular en el panorama político europeo. Se trata de la rareza que significa que en España no exista ningún partido político nacionalista o de extrema derecha que haya visto en la inmigración el caldo de cultivo en el que desarrollarse y crecer.

Pero esas dos situaciones son transitorias. Por una parte, el ciclo económico se debilitará dando lugar a la aparición de competencia por el empleo entre inmigrantes y autóctonos. Por otra, la convergencia política con Europa puede hacer que esas opciones políticas xenófobas aparezcan pronto también en España. Esta posibilidad nos debería llevar a reflexionar sobre las consecuencias a medio plazo acerca de la cohesión social y la sostenibilidad de las políticas de bienestar existentes actualmente en España en un contexto de fuerte y continuada inmigración no controlada. En este sentido, pienso que la inmigración incontrolada no origina problemas irresolubles para su integración en los países en los que no existen políticas de bienestar, pero sí puede provocarlos en los países europeos en los que existe un Estado de bienestar fuerte con políticas de universalización de ciertas prestaciones sociales como la sanidad o la educación.

¿Cuáles son las soluciones? Existen dos modelos de tipo de asimilación e integración de inmigrantes en los países occidentales. Por una parte, está el modelo nórdico europeo, que combina un poderoso Estado de bienestar con prestaciones universales con un efectivo control sobre la entrada y permanencia de inmigrantes y su acceso a los servicios públicos. Por otra, existe el modelo estadounidense, en el que el control de permanencia de los inmigrantes ilegales no es muy severo pero que, por el contrario, tampoco tiene programas públicos de bienestar, por lo que el inmigrante ilegal aporta el beneficio de su esfuerzo laboral sin consumir gasto público alguno.

En medio de ambos está el modelo español, que parece querer combinar la universalización del acceso a los programas de bienestar con un relajado control de acceso y permanencia, lo cual supone que cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional tenga el derecho de consumir los servicios públicos universales que presta el Estado. Un modelo que el sentido común indica que difícilmente será sostenible y que representará un reto importante para la cohesión social en el momento en que las circunstancias actuales giren.

La solución no es fácil, pero en todo caso el momento es oportuno para plantear algún tipo de solución de salvaguardia. Entre otras cosas, se podría aprovechar los superávit que registra la Seguridad Social, en parte como consecuencia del fuerte proceso de regularización de inmigrantes, para crear un fondo de reserva con el que hacer frente a los problemas de la financiación de los servicios universales cuando las cosas cambien. En cualquier caso, hay que hacer algo. El asalto a la verja de Melilla tiene el valor simbólico de advertir de un problema que tarde o temprano se presentará con visos de gravedad.

Antón Costas es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona.

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