"El urbanismo se ha guiado por intereses inmobiliarios"

Con una larga trayectoria política acumulada -ya en 1986 fue delegado de la Junta y ha sido presidente de la Diputación y director general de Turismo-, José María Ruiz Povedano tiene desde hace dos años la representación de la Consejería de Obras Públicas en una provincia con constantes polémicas urbanísticas que le deparan un ingente trabajo en materia de disciplina y numerosos encontronazos políticos con alcaldes.

Pregunta. La expansión urbanística en la Costa del Sol parece no tener fin, con casi 600.000 nuevas viviendas previstas en los nuevos planes municipales.

Respuesta. Desde luego que parece una barbaridad. No se puede duplicar el parque residencial en 10 o 15 años, cuando para llegar a la misma cantidad hemos tardado 2.000 años de historia. Algo no está funcionando, hay una ocupación masiva del suelo y el desarrollo urbanístico se está entendiendo como un mero acto de clasificación de suelo. El suelo es el capital más importante que tienen los municipios, pero es limitado y no se puede dilapidar, tiene que ordenarse de forma racional y equilibrada. Y hay que tener en cuenta factores esenciales como el agua, ¿cuánta vamos a necesitar y de donde la vamos a sacar? El desarrollo urbanístico debe estar en función del crecimiento de la población y del desarrollo económico, lo que está habiendo son procesos no deseables sujetos a razones no estrictamente de este desarrollo, sino que obedecen a una serie de intereses inmobiliarios. Parece que estamos en un sistema de competencias entre los municipios, que han hecho de salida una apuesta muy alta, y hay que someter esas cifras a un reposo y a una reflexión sobre para que queremos crecer, cuánto, y como queremos hacerlo.

"Es una barbaridad plantear que en 10 o 15 años se vayan a construir tantas viviendas como en toda la historia, algo está fallando"

"Está suficientemente probado que la Junta ejerce sus competencias en disciplina urbanística sin distinción de colores políticos"

P. El presidente de los empresarios dice que poner freno a esta expansión frustra expectativas empresariales y produce pérdida de inversiones.

R. Me parece una mala apreciación del fenómeno. Todos los diagnósticos de los planes de ordenación territorial y de muchas organizaciones que han estudiado el urbanismo en Málaga coinciden que ha habido una ocupación del territorio desmesurada. El objetivo número uno del urbanismo es un desarrollo equilibrado entre las rentabilidades públicas y privadas. Si ignoramos la función pública del urbanismo caemos en la privatización del poder, que es lo que ha pasado en Marbella, que se han perdido los principios de la propiedad colectiva, espacios públicos, equipamientos, etc... No se puede pedir que no se le pongan puertas al campo porque los promotores y los inversores tienen que crecer lo que más puedan. No todo el terreno puede ser para edificar, y algunos parecen estar dispuestos a que toda la provincia sea cemento y ladrillos.

P. Los municipios han iniciado la revisión de los planes municipales sin que la Junta haya aprobado los Planes de Ordenación del Territorio (POT) que deben marcar las directrices. ¿No era más lógico al revés?

R. Es una cuestión de tiempos. Hubiera sido más deseable desde luego, pero vamos en tiempos simultáneos, y creo que los POT llegarán a tiempo antes de las aprobaciones iniciales de los planes municipales que en su mayoría están en proceso de avance. Además, hay una estrecha coordinación entre los redactores de los planes municipales y de los POT.

P. Los principales opositores a los POT son los alcaldes, especialmente en el caso de La Axarquía.

R. La Administración autonómica tiene atribuidas una serie de competencias de ordenación supramunicipales, básicamente las de configuración de la estructura territorial, y los PGOU tienen que supeditarse a ellos, nosotros no entramos en el ámbito de las competencias municipales. El problema de La Axarquía es muy particular, en concreto por las viviendas aisladas en suelo no urbanizable en muchos municipios que ni siquiera tenían normas urbanísticas, y que han tenido un desarrollo desmesurado al que había que poner freno. Es un problema más de disciplina urbanística que de organización del territorio, pero ya ha habido importantes acercamientos con los alcaldes.

P. ¿Qué hacer con las miles de viviendas en esa situación?

R. Los planes tendrán que contemplar propuestas de normalización de aquellas que se puedan mediante sistemas de compensación. Se han consolidado núcleos que no tienen servicios generales de agua, saneamiento, y se podrán normalizar a cambio de unos mecanismos compensatorios para que se doten de esos servicios que en estos casos no pueden correr a costa de los todos los ciudadanos.

P. ¿No ha habido cierta permisividad de la Junta?

R. Por parte de la Junta no, si ha habido permisividad ha sido de algunos ayuntamientos, que es lo que ha obligado a la Junta a intervenir haciendo uso de las facultades que le otorga la ley. Por ejemplo, la construcción en suelo no urbanizable, que solo se puede hacer en casos excepcionales que marca la ley, se ha convertido en algo normal con la permisividad de muchos alcaldes.

P. ¿La solución pasa por mejorar la financiación de los ayuntamientos para que el urbanismo deje de ser la principal fuente de ingresos?

R. En ese tema hay planteamientos contaminados, la insuficiencia de la financiación municipal no puede esconder la razón de ser de este crecimiento desmesurado. Ha habido municipios que han sabido mantener un cierto equilibrio y establecer condiciones al crecimiento, pero otros se han soltado la melena y van a lo loco.

P. Alcaldes independientes y del PP acusan a la Junta de Andalucía de no ser igual de estricta en disciplina urbanística en los ayuntamientos gobernados por el PSOE.

R. No acepto esa crítica porque no es verdad. Está suficientemente probado que ejercemos la disciplina urbanística sin distinción de colores, cuando un ayuntamiento incumple o es permisivo nos vemos obligados a intervenir y lo hacemos en todos los casos, y le aseguro que a veces tengo problemas con mis propios compañeros de partido. En Málaga afortunadamente hay un elevado número de municipios que cumplen, otros con los que mantenemos una cierta litigiosidad, y uno, conocido de todos que es Marbella, donde hay una alta litigiosidad porque ha habido un abandono de las competencias municipales de control.

P. ¿Y en materia política? El alcalde de Málaga por ejemplo dice que la Junta es quien ejerce la oposición municipal.

R. Cuando el alcalde de Málaga dice eso es porque tiene en su mente que él hace oposición al Gobierno andaluz, posiblemente por indicación de su presidente regional, el señor Arenas. La Junta tiene sus competencias y lo que ningún ayuntamiento puede impedirnos es que hagamos viviendas públicas. Si le quiero recordar, cuando habla de lealtad institucional y nos pide colaboración, es que desde el año 2003 le hemos solicitado colaborar mediante convenios para desarrollar dos grandes piezas de suelo al norte de la ciudad para construir unas 2.000 viviendas, una de ellas Soliva Este, y ofrecíamos financiar toda la urbanización, si el Ayuntamiento ponía el suelo, y repartirnos la construcción de las viviendas. Siempre hemos tenido la callada por respuesta, y con la orden de reservar 100 hectáreas en Soliva Este, plenamente constitucional y conforme a la ley, pretendemos dar respuesta a uno de los graves problemas de Málaga, la carencia de viviendas oficiales.