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Reportaje:DOPAJE | La lucha contra la gran lacra del deporte

Invitación a los 'arrepentidos'

El proyecto de ley aprobado por el Gobierno contra el uso de drogas permite rebajarlas sanciones a cambio de denuncias

"España ha cambiado. Teníamos un país con fama de permisivo en materia de dopaje. Ahora demostramos que nuestro objetivo es la tolerancia cero. Queremos gran dureza en las sanciones". Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, presentó ayer el anteproyecto de ley contra el dopaje, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y pendiente de su tramitación en el Congreso, con palabras gruesas. Y algo más. "No son sólo palabras", dijo; "también son hechos. Estamos estrechando el cerco sobre los desalmados que promocionan el dopaje". Esos desalmados, el entorno de los deportistas dopados, están avisados: pueden sufrir castigos penales, de seis meses a dos años, por promover el consumo de sustancias prohibidas. No hará falta que les descubra la policía. Los arrepentidos han llegado al deporte.

"La Agencia Antidopaje tendrá funciones de control e investigación", dice Lissavetzky

"Si los deportistas colaboran dando datos sobre quién les suministra los productos o sobre quién les aconseja doparse, podrán llegar a ver exonerada su pena o, en su defecto, a disminuirla", explicó Lissavetzky. "Así se harán bien a sí mismos, pero también al sistema", continuó. "No me gusta la palabra, pero en otros casos es lo que se conoce como los arrepentidos". Los deportistas que decidan colaborar tendrán que proporcionar "datos esenciales y testificar, en su caso, en el procedimiento correspondiente contra aquéllos [los denunciados]", según recoge el texto del proyecto de ley. "Para la aplicación [de la rebaja de su pena] la denuncia y (...) las pruebas que le acompañen deberán tener entidad suficiente para permitir la (...) incoación de diligencias penales". La medida puede tener otras consecuencias. "Puede que los deportistas, al conocer esta vía, empiecen a preguntar más por lo que les dicen que se tomen, que guarden las prescripciones y las recetas. No es desconfianza, es protección", apuntó Lissavetzky.

De investigar el mundo que rodea al dopaje y los productos prohibidos se encargará la nueva Agencia Española Antidopaje: "Tendrá un consejo científico y uno de comunidades autónomas porque la idea es que sea un punto de encuentro entre científicos y políticos", describió Lissavetzky. "Hemos seguido un planteamiento análogo al de la Agencia Mundial Antidopaje. Su presidente viene del mundo del olimpismo. En dos años terminará su mandato. Y se nombrará a alguien que propongan los políticos", añadió; "queremos copiar ese modelo, con funciones de control e investigación como mínimo. Va a ser un referente internacional. Pero no sería prudente dar todavía un listado exhaustivo de sus funciones". Encargada de la prevención, el control y la investigación sobre el dopaje, la estructura orgánica de la agencia y sus funciones se determinarán en la Ley de Agencias Estatales.

El proyecto de ley contra el dopaje, que ahora será estudiando por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, acorta los trámites de las sanciones, que "se alargaban de forma poco razonable y adulteran la competición", según Lissavetzky. Se quieren evitar casos como el de Gurpegui, futbolista del Athletic sancionado con dos años de suspensión por consumo de anabolizantes y que sigue jugando tras apelar a la justicia ordinaria, que todavía no ha dictado sentencia. "Los procesos judiciales serán abreviados. No habrá una segunda instancia de apelación. Lo normal es que duren un año", explicó; "pero los derechos de los deportistas no quedarán desprotegidos. Se introduce una fórmula arbitral [posterior a la sanción] en la que participarán un representante del Comité de Competición, el deportista y una persona elegida por las dos partes de mutuo acuerdo". El objetivo: "Disminuir la litigiosidad y lograr gran dureza en las sanciones".

Los deportistas que den positivo serán suspendidos por un mínimo de dos años y pagarán de 1.500 a 12.000 euros de multa mientras que los culpables de incitar al dopaje serán suspendidos por un mínimo de cuatro años. Los médicos que dispensen u ofrezcan productos prohibidos perderán su licencia de dos a cuatro años y tendrán que pagar multas de 6.001 a 24.000 euros. Habrá también sanciones para clubes y equipos, que pueden ir desde la multa, de 6.000 a 30.000, a la pérdida de categoría. Pero el proyecto de ley no afecta sólo a los deportistas. También se fija en su entorno. "Los que induzcan al dopaje podrán ser inhabilitados por sus colegios profesionales", avisó Lissavetzky, que concluyó. "Estamos dando pasos de gigantes para acabar con el dopaje".

Jaime Lissavetzky, en la presentación de la ley contra el dopaje.
Jaime Lissavetzky, en la presentación de la ley contra el dopaje.

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