El Fiscal cree que hay indicios delictivos en el caso de aguas de Calp
Los hechos están relacionados con la subcontratación de las obras de la red
El Ministerio Fiscal considera que existen indicios de hechos delictivos en la subcontratación de las obras de renovación de la red de agua del municipio de Calp, tras estudiar las conclusiones que determinó la Comisión de Investigación creada para analizar esta actuación. Así figura en una carta remitida al portavoz socialista del Ayuntamiento, Luis Serna, por el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero.
Romero comunica que ha remitido las citadas conclusiones al Juzgado Decano de Instrucción de Dénia "al existir indicios que pudieran determinar la existencia de hechos delictivos". La citada Comisión de Investigación, formada por los partidos de la oposición en el consistorio calpino (PSPV-PSOE, PSI y Bloc), pues el grupo popular del Gobierno municipal rechazó participar en la misma, entregó el pasado 14 de julio los resultados alcanzados al fiscal jefe.
Para estos grupos municipales, y de acuerdo con las conclusiones, "se aprecian indicios de presuntos delitos, como maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas". La empresa mixta Aguas de Calpe subcontrató estos trabajos por unos cuatro millones de euros a una mercantil que, según la oposición, "carece de experiencia en obras de ingeniería social y de solvencia económica, pues su capital social asciende a 3.006 euros". La oposición aduce que un dictamen elaborado por dos catedráticos universitarios acredita que en el precio de las obras de esta actuación existen desvíos superiores al cincuenta por ciento respecto a los precios de mercado.
A juicio de estos expertos, las obras debieron presupuestarse en unos 1,7 millones de euros. "Si se hubiera realizado una licitación pública de estas obras, como era de ley, el precio por las que se habrían contratado habría sido la mitad del que pretenden cobrar las empresas adjudicatarias", sostuvo Serna.
La oposición acusa al grupo popular de responsabilidad política al haber amparado con sus votos la contratación. Con la entrega de su informe a la fiscalía, la oposición culminó un proceso de investigación que se prolongó durante un año.
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