El Parlamento catalán aprueba un Estatuto que el Gobierno reformará en las Cortes

El Parlamento catalán aprobó ayer, con los 120 votos del tripartito y CiU y la oposición de los 15 diputados del PP, el proyecto de reforma del Estatuto. El presidente Pasqual Maragall se mostró convencido de que el proyecto prosperará, y afirmó que "la paz en Euskadi y el Estatuto de Cataluña son la prueba de fuego de la España de hoy". El Gobierno central anunció que aceptará que las Cortes tramiten el texto. Sin embargo, la vicepresidenta primera, María Teresa de la Vega, anticipó que el Gobierno velará para garantizar "que el texto final sea acorde con la Constitución de la A a la Z, con el interés general y el de todos los ciudadanos".

Todos los partidos catalanes que aprobaron la reforma estatutaria, que representan el 88% de los votos, coincidieron en sus intervenciones en que el texto, que define a Cataluña como una nación, plantea a España el reto del reconocimiento de su realidad plurinacional y el desarrollo del autogobierno en una perspectiva federal. Todos se esforzaron en presentarlo como una propuesta positiva también para España, salvo el líder del PP, Josep Piqué, que la calificó como "intento de alejamiento". En el hemiciclo planeaban las previsibles dificultades que el texto aprobado tendrá en el debate en las Cortes. El propio presidente de la Generalitat definió con claridad el reto pendiente: seducir a España.

El Gobierno central aceptará que el proyecto de reforma del Estatuto supere la votación de admisión a trámite en las Cortes españolas. Pero, a partir de ahí, respaldará que, durante la tramitación del texto en las Cortes, sea sometido a "profundos recortes" para adecuarlo a la Constitución y al interés general.

La vicepresidenta trató ayer de introducir serenidad y "normalidad democrática" a la "preocupación" que ha suscitado en el Ejecutivo socialista, en el PSOE y en la sociedad española la reforma del Estatuto de Cataluña por su "dudosa constitucionalidad". La vicepresidenta primera descartó ayer cualquier posibilidad de tramitar la reforma como si se tratara de una reforma constitucional, tal como reclamó ayer el secretario general del PP, Ángel Acebes.