El Gobierno afirma que ajustará el Estatuto "al interés general y a la Constitución"

El Gobierno central aceptará que el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña supere la votación de admisión a trámite en las Cortes españolas. Pero, a partir de ahí, respaldará que, durante la tramitación del texto en el Congreso, se someta a "profundos recortes" para adecuarlo a la Constitución, señalan fuentes gubernamentales. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, precisó tras el Consejo de Ministros: "Hay que garantizar que el texto final sea acorde con la Constitución de la A a la Z, con el interés general y el de todos los ciudadanos".

La vicepresidenta trató ayer de introducir serenidad y "normalidad democrática" a la "preocupación" que ha suscitado en el Ejecutivo socialista, en el PSOE y en la sociedad española la reforma del Estatuto de Cataluña por su "dudosa constitucionalidad", una vez que ha superado el trámite del Parlamento catalán, la "primera fase" de la tramitación del texto, según recalcó Fernández de la Vega, con una votación de casi el 90%.

El malestar del Gobierno central es patente porque el proceso final de la negociación de la reforma del Estatuto, esta semana en el Parlamento de Cataluña, entre el Ejecutivo tripartito catalán y CiU ha estado "descontrolado" y le ha quedado la sensación de que el PSC "ha aceptado demasiadas exigencias" en el texto. Esta situación originó ayer un debate en el seno del Consejo de Ministros en el que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, marcó las pautas ante la segunda fase que se abre a la reforma del Estatuto catalán: su tramitación en las Cortes españolas, empezando por su admisión.

En primer lugar, el Gobierno central distingue la reforma del Estatuto de Cataluña, cuya admisión a trámite respaldará, de la del Estatuto vasco, el llamado plan Ibarretxe, que rechazó el pasado febrero en su votación de admisión en las Cortes. La reforma del Estatuto catalán cuenta con el apoyo de casi el 90% del Parlamento de Cataluña, "dispone de un amplio consenso", según destacó ayer la vicepresidenta primera, frente al plan Ibarretxe, que dividió a la sociedad y al Parlamento vasco en un 50%.

Además del "amplio consenso" con que cuenta, la reforma del Estatuto catalán cumple otra condición que el Gobierno central ha tenido en cuenta para respaldar su admisión a trámite en las Cortes: su pretensión de constitucionalidad, que figura en su preámbulo, como fuente de legitimidad. El plan Ibarretxe no basaba su legitimidad en la Constitución sino en los derechos históricos vascos.

Por ello, Fernández de la Vega reclamó públicamente que la tramitación de la reforma se produzca "con respeto", aunque también anunció que el Gobierno central exigirá al texto el "máximo rigor constitucional". La vicepresidenta insistió en la rueda de prensa que el Gobierno no cederá en su papel de vigilante de la constitucionalidad del texto en su tramitación.

Cuatro asuntos del texto preocupan, prioritariamente, al Gobierno por su "dudosa constitucionalidad", que algunos ministros califican rotundamente de "inconstitucionalidad": el modelo de financiación; el blindaje de las competencias de Cataluña; la definición de Cataluña como nación y la asunción por la Generalitat de la autonomía local.

Pero el presidente del Gobierno también adelantó en la reunión del Consejo de Ministros un tercer criterio -además del alcance de su consenso y de su constitucionalidad- para evaluar el texto de la reforma del Estatuto: el interés general. "Hay que garantizar que el texto final sea acorde con la Constitución española, de la A a la Z, y con el interés general y de todos los ciudadanos", dijo Fernández de la Vega en la rueda de prensa.

Se refería, por ejemplo, a que no basta con que el texto termine por ajustar su modelo de financiación a la Constitución porque si sus parámetros no se adaptan a criterios solidarios y de cohesión social tampoco podrán ser respaldados por el Gobierno, señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno central no descarta que la admisión a trámite de la reforma se vote en el pleno del Congreso antes de las Navidades, pero preferiría "enfriar" el debate para apaciguar las tensiones políticas y aplazarlo a febrero, tras la aprobación de los Presupuestos y la tramitación de la reforma del Estatuto valenciano. En tal caso, dos meses después, en abril, pasaría el texto a negociarse en la Comisión Mixta Congreso-Parlamento catalán.

La vicepresidenta primera descartó ayer cualquier posibilidad de tramitar la reforma del Estatuto como si fuera una reforma constitucional, como reclamó ayer el secretario general del PP, Ángel Acebes. "Da la sensación de que el señor Acebes tiene un cierto desconocimiento de lo que es el funcionamiento normal de las instituciones democráticas y de las costumbres democráticas", dijo Fernández de la Vega.

Otra de las mayores preocupaciones del Gobierno y PSOE en la tramitación de la reforma del Estatuto es con qué partidos va a formar mayoría para aprobar las enmiendas que el PSOE introduzca al texto en las Cortes si se tiene en cuenta que tanto el PSC como sus socios -ERC e IU- van a defender el texto que el PSOE quiere enmendar.