El creador del videojuego 'Matanza Cofrade' pide perdón y resulta absuelto en el juicio
El acusado, denunciado por tres hermandades sevillanas, se enfrentaba a un año de cárcel
Después de casi tres años, ayer se resolvió el caso de Matanza Cofrade, el juego de ordenador que el informático J. C. C. S. colgó en Internet y por el cual le denunciaron tres hermandades sevillanas por atentar contra los sentimientos religiosos y usar su imagen. El informático de Utrera fue absuelto ayer en Sevilla de los delitos de los que había sido acusado. J. C. C. S. pidió disculpas en el juicio por si con su creación pudo haber ofendido "a alguien". Esa fue la clave para que el ministerio Fiscal y la acusación particular retiraran todos los cargos.
La titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla dictó sentencia in voce (no por escrito) y absolvió al acusado de los delitos contra los sentimientos religiosos y contra la propiedad industrial. El procesado, que se enfrentaba a un año de cárcel y una multa total de 7.920 euros, dijo a la juez que no se consideraba culpable de ningún delito ya que se planteó la realización de Matanza Cofrade como "un juego". Luego, se acogió a su derecho de no declarar.
El juego en cuestión consistía en matar supuestos nazarenos y disparar contra imágenes de las cofradías con una pistola virtual a través de tres fases: La cofradía de las tinieblas, La reina de los condenados y El hereje. Por este hecho, las hermandades de de la Macarena, San Bernardo y Gran Poder le acusaron de atentar contra los sentimientos religiosos y uso de su imagen.
Un agente del Grupo III de fraude y delitos telemáticos de la Guardia Civil, único testigo en prestar declaración, rememoró las primeras indagaciones practicadas en octubre de 2002 tras el descubrimiento de la demo (primera versión del juego). El agente señaló que J. C. C. S. "desde un primer momento colaboró" con la Policía en la investigación y que ya les comentó entonces que "nunca quiso hacer daño a nadie" con el juego. El acusado les facilitó incluso el servidor de Internet desde el cual se colgó gratuitamente el videojuego hace ya tres años y reconoció ser el autor del mismo, sin "obstaculizar" las diversas averiguaciones.
Tras su declaración, la Fiscalía hispalense y la acusación particular, que representaba a las hermandades, renunciaron al resto de testigos y retiraron los cargos contra el informático. Según el fiscal, no había quedado acreditado la comisión de los dos supuestos hechos delictivos, ni tampoco que el joven favoreciese la distribución del juego.
El representante de las hermandades, Javier Fernández Palacios, justificó la retirada de su acusación porque resultaban "suficientes" las disculpas mostradas por J.C.C.S. El letrado consideró que la acusación estaba, con ello, "suficientemente reparada", sin entrar "en el fondo del asunto".
Por su parte, el abogado defensor, Rafael Guillén, comentó que su cliente había pasado "unos años muy afectado" por todo el procedimiento judicial y que no era consciente de la magnitud y "exageración" que había cobrado el caso. "Nos congratulamos de que, por fin hoy, se retire la acusación" en su contra "como elemento de racionalidad".
En el caso, también estuvieron imputados un trabajador de una discográfica madrileña, que alegó que sólo actuó de intermediario para la distribución de la demo del juego, y los miembros del grupo musical Narco, que prestaron declaración ante la Guardia Civil ya que el juego iba a ser distribuido con un álbum de este grupo.
De la investigación del caso se inhibió, en un primer momento, un juzgado de instrucción de Sevilla en favor de los juzgados de Utrera, ya que el programa se había realizado en esta localidad y se difundió a través de líneas telefónicas de la misma.
La Fiscalía de Sevilla recurrió esta inhibición ya que fue en la capital donde el videojuego fue denunciado por las hermandades. Finalmente, el Tribunal Supremo dio la razón a la fiscalía hispalense y sentenció que la investigación debía realizarla el citado juzgado porque fue donde se denunció el hecho y donde se descubrieron las pruebas materiales del delito.
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