Presupuestos de 2006: una apuesta de futuro

El inicio del curso político, como el del académico, tiene sus ritos que entremezclan la sensación de déjà vu con los aspectos novedosos que cada ejercicio trae consigo. En el terreno de la política económica, la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) ocupa un lugar central en dicho inicio de curso. En el debate que rodea a los presupuestos suelen aparecer dos cuestiones básicas: en primer lugar, las previsiones agregadas de gastos e ingresos arrojan un saldo fiscal que puede ser analizado en relación con el comportamiento previsible de crecimiento e inflación, con el objeto de determinar si la política fiscal tiene un signo expansivo o restrictivo acorde (o no) con el funcionamiento del conjunto de la economía. En segundo lugar, el comportamiento proyectado de los principales agregados dentro de las partidas de gastos e ingresos permite descender un escalón en el análisis del impacto económico del presupuesto y completar así el análisis anterior.

Los primeros datos conocidos sobre el proyecto de PGE para 2006 han generado aprobación en diversos ámbitos pero, como no podía ser menos, también han causado voces disconformes desde los autoproclamados guardianes de la ortodoxia económica ligada a la oposición conservadora. Estas críticas se basan en el supuesto carácter expansivo de estos presupuestos, y en su inadecuación a una coyuntura caracterizada por un más que aceptable crecimiento, lo que a su juicio agravará dos problemas básicos de nuestra economía, como son el déficit comercial y la elevada inflación. A continuación repasaremos brevemente esos datos preliminares del proyecto de PGE a la luz del esquema del primer párrafo con el objeto de discutir y rebatir esta, a nuestro juicio infundada crítica.

El cuadro macroeconómico que acompaña al proyecto de PGE para 2006 prevé un crecimiento nominal del 6,6% (3,3% de crecimiento real más otro 3,3% de inflación). A su vez, dicho proyecto contempla un crecimiento del gasto de un 7,6% y un crecimiento de los ingresos del 9% ¿Es un presupuesto excesivamente expansivo? Una respuesta precisa requeriría de un análisis detallado, pero es preciso destacar un aspecto previo importante: el Gobierno ha enfatizado en diversas ocasiones la conveniencia de separar claramente las cuentas de la Seguridad Social de las del resto del Estado y éstas se separan entre Administración Central, Autonómica y Local; pero a efectos del análisis macroeconómico que nos ocupa, lo relevante es la cantidad de dinero que el sector público detrae de la producción del sector privado (impidiendo a éste disponer de ella para su gasto) y la cantidad de gasto y rentas que inyecta en el sistema. Por tanto, es crucial tener en cuenta que una parte del crecimiento en el gasto del Estado se debe a las mayores transferencias a las Comunidades Autónomas, en torno a 3.000 millones de euros en 2006, para financiar su déficit sanitario y no implican por tanto un aumento real del gasto del conjunto del sector público. Lo mismo ocurre con las importantes cantidades adicionales transferidas a los ayuntamientos para compensar la pérdida de recaudación asociada a la supresión del Impuesto de Actividades Económicas. Un ejemplo distinto de efectos similares es el 37% de aumento de la ayuda al desarrollo: no incrementa la demanda interna. La respuesta a la pregunta planteada sigue en el aire, pero no parece que estemos describiendo el comportamiento despilfarrador de un Gobierno que pone en peligro la sostenibilidad del crecimiento de nuestra economía, como proclaman algunos agoreros.

Para debatir el impacto de los PGE de 2006 en nuestra economía, creo que hay que complementar la discusión anterior con un análisis ligado a aspectos de la oferta. Los dos problemas de nuestra economía arriba mencionados (inflación y déficit exterior) están relacionados y tienen como base principal la falta de competitividad. Dentro de estos presupuestos, destacan los aumentos de partidas como el gasto en I+D (por encima del 25%), en infraestructuras o en educación. La promoción de las nuevas tecnologías y el apoyo a nuestras empresas en la búsqueda de nuevos mercados son piezas básicas en la estrategia del Gobierno, y gozan también del oportuno reflejo presupuestario. Éste es el camino por el que debemos avanzar, junto con otros elementos como la reforma del sistema de defensa de la competencia, para lograr un crecimiento sostenible y una evolución favorable de la inflación o de los saldos comerciales.

El análisis económico de unos presupuestos no debe limitarse a los grandes agregados, y necesariamente debe cuestionar si la composición de estos agregados responde o no a las necesidades del país. En este sentido, los datos anteriores muestran una decidida apuesta por la inversión pública entendida en un sentido amplio y acorde con los retos de nuestra economía. No puedo no quiero obviar el aumento de algunas partidas de gasto corriente como la ayuda al desarrollo (señalado anteriormente), el esfuerzo en vivienda, o las pensiones más bajas (que crecerán varios puntos por encima de la inflación), porque forman parte del compromiso del Presidente y de todo el socialismo con la justicia social.

Podemos concluir que los primeros datos del proyecto de PGE para 2006 muestran un decidido impulso a la competitividad de nuestra economía, sin caer en excesos expansivos. Éste es y debe ser el principal objetivo económico en la actual coyuntura; sería bastante discutible que el moderado efecto expansivo que algunos encuentran en este proyecto sea perjudicial en un contexto internacional caracterizado por el estancamiento de nuestro entorno europeo, la reforma a la baja de las ayudas que recibimos de la UE, bajos tipos de interés y altos precios del petróleo, pero, en cualquier caso, creo que la importancia de ese debate es de segundo orden respecto a la importancia de las transformaciones económicas que estos presupuestos impulsan.

Pedro Saura García es diputado por Murcia y portavoz de Presupuestos del grupo parlamentario socialista.