El Atrium como ejemplo

Se acabaron las conjeturas. El Hotel Atrium de La Vila Joiosa deberá demoler 14.500 metros cuadrados, pagar una multa de 12 millones de euros y ceder unas parcelas de 21.000 metros para equipamientos públicos. No es la sanción que proponía el Ayuntamiento vilero, mucho más benigna, ni la que habría de aplicarse a un promotor que se ha excedido en 53.000 metros, equivalentes a un exceso edificado de once plantas. Tampoco es el correctivo que esperaba la empresa, confiada en que las irregularidades cometidas y consentidas se beneficiarían de la máxima indulgencia, habida cuenta de las dimensiones y ambición del proyecto, así como por la habitual transigencia administrativa ante este género de hechos consumados.

No es el mayor castigo urbanístico impuesto en el País Valenciano, como se airea estos días. Es cierto que nunca se ha impuesto una multa tan millonaria, la máxima que permite la ley, según dicen, pero se olvida que en 1986 la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, regida por Rafael Blasco, el mismo firmante de la sanción que glosamos, ordenó la voladura de un inmueble a la vera del Penyal de Ifac. Aquella insólita decisión sí encajaba en la ahora propalada "tolerancia cero" en materia urbanística, que de haberse aplicado desde entonces con rigor no habría sido necesario mutilar ahora el hotel citado, y es posible que ningún alcalde se habría atrevido a mirar hacia otro lado mientras se han llevado a cabo tantos desmanes urbanos.

Yo comprendo el escándalo de quienes consideran que el consejero se ha quedado corto a la hora de resolver, siendo así que hace tan solo unos meses exigía al consistorio de la villa que derribase la parte ilegalmente construida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que fue este mismo consistorio, regido antes por el PSPV y después por el PP, el que aseguró "bajarse los pantalones" ante la magnitud de la iniciativa inmobiliaria y turística que se les proponía, tal como ha recordado en su descargo el presidente del grupo promotor. Una bajada de pantalones que, como a diario se constata, se ha generalizado en la política municipal valenciana de todos los colores ante la acometida de los PAI.

No está en nuestro ánimo justificar lo que para algunos parece una flaqueza del responsable de Urbanismo. Una flaqueza extraordinariamente severa si nos atenemos a los precedentes y a la manga ancha con que todavía se recalifican terrenos o se enmiendan los entuertos de tantas urbanizaciones ilegales o alegales. Y en ese mismo sentido, una rareza plausible en el clima de laxitud legal -además de moral- y crepitación de intereses y codicias que nutren el universo urbanístico valenciano cuando tanto nuevo rico está propiciando. ¿Quién es el guapo que le pone el cascabel al gato o barreras al campo?

Ignoramos si esta sanción que comentamos acabará ejecutándose, por más que sea ya firme y no admita recursos, y tendrá además un efecto ejemplarizante, tanto para los promotores como los munícipes obsequiosos. Sin embargo, y para sorpresa de cuantos apostábamos por que todo se resolvería en una multa a la baja, o ni eso, resulta que la piqueta tendrá que demoler unas cuantas plantas, y ahí es donde realmente duele y alecciona. Confiemos en que la ley, tan morosa hasta hoy, cunda más a menudo al norte y sur de Vila City y este correctivo no se diluya en su excepcionalidad.