Los trabajadores de la empresa funeraria de la capital planean protestas ante el anuncio de la privatización

El comité de empresa de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF), de la que el Ayuntamiento de Madrid tiene en propiedad el 51%, ha convocado esta tarde una asamblea en la cafetería del tanatorio de la M-30 en la que concretarán las medidas a tomar y el calendario de movilizaciones ante el anuncio de la privatización total de la funeraria.

En una reunión de urgencia del comité de empresa con el capital privado de la EMSF y un representante del Ayuntamiento de Madrid, los trabajadores de la funeraria municipal conocieron ayer por boca de los propietarios lo que ya sospechaban desde el sábado pasado por los medios de comunicación: la salida a subasta pública del 100% del capital de la empresa.

Según el comité de empresa, las protestas continuarán hasta que se celebre el pleno municipal en el que el equipo de gobierno que dirige Alberto Ruiz-Gallardón (PP) tiene previsto aprobar la privatización de la empresa.

En un comunicado, el presidente del comité de empresa, Antonio García, expresó la "indignación" de toda la plantilla ante este hecho. Según él, la privatización total de la funeraria municipal "parece encubrir una operación financiera para sufragar las obras que el Ayuntamiento está acometiendo y de la que saldrán perjudicados, por una parte, los trabajadores, que ven cómo peligran sus puestos de trabajo, y, por otra, los ciudadanos de Madrid, que serán en última instancia quienes paguen el precio de que el Consistorio se desentienda de la empresa y desaparezca del sector funerario".

La representación de los trabajadores anunció que la respuesta por parte de la plantilla a esta medida va a ser "contundente", sin descartar ninguna medida de presión. El comité de empresa está molesto porque "la semana pasada habían mantenido reuniones con el Ayuntamiento en las que no se había planteado esta posibilidad", según recalcó García.

Los trabajadores de la EMSF consideran que cuentan con el apoyo de los grupos municipales de la oposición, PSOE e IU, con los que, a través de sus organizaciones sindicales -CC OO, UGT y CGT-, mantendrán diversas reuniones para coordinar medidas que impidan una nueva "cacicada".