El nuevo burdel de Europa

Más allá de las protestas vecinales por la prostitución callejera, España se ha convertido bruscamente en un imán para las bandas que trafican con extranjeros destinados a explotarles en el mercado del sexo. De los controles policiales se deduce que tres de cada diez personas dedicadas a la prostitución proceden del este de Europa y una de África. El resto son latinoamericanas, además de una minoría de españolas. Un estudio del Instituto Europeo para la Prevención del Crimen estima el número de prostitutas en España entre 45.000 y 300.000, una horquilla parecida a la de Alemania -el otro gran mercado prostibulario del continente-, pese a contar con la mitad de habitantes.

Noventa y cinco grupos de tráfico sexual fueron identificados en las operaciones policiales del primer semestre de 2005, periodo en el que hubo 518 arrestos por esa causa, según el Ministerio del Interior. En opinión de Elena Valenciano, miembro de la Eurocámara y portavoz socialista de Derechos Humanos, "Interior consigue desmontar algunas redes, pero el océano es enorme".

Los chulos venden y revenden a las rumanas. El precio es más alto cuanto más tiempo les queda de visa turística

Dejar la postitución a las bandas implica una circulación incontrolada por el territorio

El fiscal del Estado dice que las redadas espantan a las víctimas

Unas 11.000 plazas hoteleras de prostitución funcionan a diario en zonas extraurbanas de este país, casi tantas como la capacidad hotelera de Sevilla. Sus ocupantes -que cambian con frecuencia- siguen siendo mujeres extranjeras en su mayoría, según fuentes de la Guardia Civil, que no observan cambios numéricos significativos en lo que va de año en relación a la población contabilizada el precedente (18.655 mujeres extranjeras y sólo 374 españolas) en 1.070 establecimientos inspeccionados. A toda esa oferta hay que agregar pisos y locales urbanos, la calle, algunos parques, cunetas; un portavoz de la policía dice que no hay estadísticas de esas áreas.

De chulo en chulo por 7.000 euros

A los efectos de este reportaje, se llama Elena. No es su nombre real. Llegó de Rumania en el verano de 2004, con un curso preuniversitario de enfermería recién terminado. Cuenta que viajó a España para pasar unos días de vacaciones. Se vino en autobús a una playa del Mediterráneo, con un amigo, al piso de unos supuestos conocidos de éste. "Al día siguiente de llegar, mi amigo desapareció del piso y me encontré con que allí vivía un hombre de etnia gitana, rumano, que me dijo que yo le debía dinero. '¿Dinero, de qué?', le grité. Me dijo que tenía que ir a un club y trabajar de puta para devolverle la deuda. Entonces me di cuenta de que mi amigo me había vendido". Al cabo de una semana, el chulo la vendió a otro (también de etnia gitana y rumano, según Elena). "Pagó por mí bastante dinero, unos 7.000 euros, porque yo llevaba poco aquí: los cuerpos son más caros cuando estás recién llegada, porque la visa del pasaporte permite quedarse tres meses como turista". Le cambiaron a un piso donde había otras mujeres. "Cada tarde nos llevaban a una carretera. Allí estábamos toda la noche. Éramos más de veinte chicas, de varios chulos. La policía vino una vez a detenernos y estuvimos varias noches en comisaría, me enseñaban fotos del chulo y yo decía que no le conocía de nada, porque tenía mucho miedo".

Los clientes abundaban: "Venían muchísimos; algunos españoles, pero la mayoría alemanes, holandeses y de todo. Un marroquí me dio una paliza por no querer hacerlo sin preservativo". Sacaba entre 1.500 y 3.000 euros por semana; cada mañana tenía que entregar la recaudación. Dice que nunca vio un céntimo de ese dinero, salvo una vez que le dieron una cantidad para que se la mandara a la familia en Rumania. "Un día que intenté quedarme con dinero para mí, me registraron, lo encontraron y me pegaron una paliza, para que aprendiera".

A los seis meses no podía más. Una amiga que estaba en la misma situación que ella le había hablado de una organización que ofrecía ayuda a mujeres; aprovechó que el chulo se había marchado de viaje a Rumania y se atrevió a escapar. Fue acogida en el Proyecto Esperanza, organización dedicada al apoyo integral a mujeres que han sido víctimas de la trata con fines de explotación. Durante estos meses ha aprendido castellano y ha buscado trabajo.

Según la ley española, sólo hay una forma de que un extranjero que ha sido víctima de la trata y que está en situación ilegal no sea deportado y pueda obtener un permiso temporal de residencia. Consiste en denunciar a la red que le explota y colaborar en su desarticulación. Elena, en un primer momento no quiso denunciar, pero finalmente dio el paso, cuando se enteró de que el chulo había encerrado a su amiga en un club por haber intentado escapar después de que lo hiciera ella. Ahora ya tiene su permiso de residencia, pero le falta el permiso administrativo para trabajar, que lleva retrasado varios meses. "Como dicen ustedes", ladea una sonrisa triste, "las cosas de palacio van despacio". Entretanto, ha tenido que testificar contra el proxeneta y sus ayudantes. Éstos le habían advertido de que le pagarían bien si retiraba la denuncia, y si no, iban a matar a su familia; un hermano suyo fue agredido en Rumanía, en efecto. La sentencia contra el chulo ha sido tan leve que ya ha salido de prisión.

Por qué hay pocas denuncias

Según un informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, poco más del 1% de mujeres controladas en lugares de prostitución presentan denuncia por haber sido traficadas o explotadas; "la mayoría de estas mujeres informan que han llegado a España para ejercer la prostitución voluntariamente", reza el informe. La historia de Elena explica el porqué: la carga de la prueba recae sobre ellas. Después de dar ese paso, ni sus familias están a salvo, ni ellas tienen una garantía razonable de que los rufianes que las traen y las llevan, las venden y revenden, les pegan y les quitan el dinero, sean castigados con severidad.

Siempre según el informe citado de la Guardia Civil, cuando a las personas prostituidas se les plantea salir de esa situación, "las mujeres afectadas perciben esa posibilidad como muy poco realista, puesto que no hay inmediatamente disponible ninguna opción laboral suficientemente rentable, ni para saldar a corto plazo la deuda contraída con la organización que les trae ni para asegurar ingresos suficientes como para garantizar su subsistencia y a la vez ayudar a los familiares que han dejado en el país de origen", según las mismas fuentes. Por eso las denuncias de personas traficadas se limitan a situaciones absolutamente insoportables. En el caso de Elena, un carácter fuerte le ha ayudado.

"No todas las extranjeras que se prostituyen vienen traficadas", afirma Marta González, que trabaja en Proyecto Esperanza. "Hay que distinguir muy bien entre víctimas de la trata y personas que ejercen la prostitución por decisión propia". Lo mismo piensa Justine Abellán, ex trabajadora del sexo: "Una cosa es la esclavitud y otra la prostitución", argumenta. Justine, que vive en Barcelona, intenta sindicar a un grupo de compañeras y compañeros en Comisiones Obreras. Se le nota escéptica respecto a la idea de una prostitución extranjera masivamente forzada: "Lo absurdo es pensar que la gente cambia de país para ganar menos de 1.000 euros al mes como friegaplatos", argumenta.

"Encima pretenden que les quieras"

Sara Ballini es italiana. Tipazo de modelo. No dice que alguien le haya obligado. Descubrió el auge de la prostitución en Madrid hace siete años, cuando tenía 21, y comenzó a trabajar en un piso de la calle de Atocha: hasta cincuenta chicas apiñadas, de diez a veinte servicios diarios cada una, pagados por el cliente a 75 euros la unidad. Había entrado en la organización de un hombre que ha comprado otros negocios de ese tipo.

Sara pasó por varios pisos -algunos, de 150 euros por cada servicio- y después se encerró en un chalé de la zona este de la capital. Otros dueños, instalaciones lujosas; presentaciones a los clientes en traje -nada de tacones de plataforma, para diferenciarse de las casas baratas-. En el chalé, cada servicio costaba 250 euros y la media era un par cada día: quinientos euros diarios, el 50% para ella y el otro 50% se lo llevaban los de la casa. Pero en su historia también hay un tratamiento psiquiátrico.

De lo que Sara se queja es de la situación encubierta en que funcionan los pisos, de las malas condiciones de vida en muchos ("a veces en literas"); de los absurdos clientes que caen sobre ellas ("hay que montar un teatro, porque encima pretenden que les quieras"). Cuando habló con este periódico, a finales de julio, decía que quería dejarlo todo y acababa de publicar un libro de relatos cortos (El país de las sombras).

Nunca debe olvidarse que el mundo de la prostitución presenta grandes diferencias internas. "Desde las calles o las carreteras hasta el sector del lujo hay una distancia extrema", afirma Montserrat Tura, consejera de Interior de la Generalitat de Catalunya, la única comunidad que tiene reglamentados los locales donde se ejerce esa actividad. "Desde fuera, el mundo de la prostitución parece libre y con dinero. Pero por dentro, lo que hay son personas violadas, maltratadas", a las que los dueños de los locales o los traficantes exigen unos niveles de recaudación y las bandas se quedan entre el 50% y el 90% de los ingresos de cada mujer. El objetivo debería ser combatir a las bandas, a los que se aprovechan de la prostitución, y garantizar que ninguna persona sea obligada a hacer algo en contra de su voluntad, a juicio de Tura.

Ninguna institución es capaz de precisar cuántas personas ejercen la prostitución en España; más difícil aún es averiguar qué proporción de esas personas pueden considerarse casos de explotación que sólo se explican por la trata de personas o la dependencia forzada de chulos y proxenetas.

La consejera de Interior de Cataluña estima que en el territorio de esa comunidad hay unas 20.000 personas que ejercen la prostitución. El Defensor del Pueblo Andaluz, en un informe de 2002, evaluó en 21.000 las de Andalucía. Una comisión de la Comunidad de Madrid contabilizó 700 clubes, además de la prostitución en barrios y de la ejercida en la Casa de Campo.

Pilar Dávila, que dirigió el Instituto de la Mujer en tiempos del Gobierno de José María Aznar, ofreció en su día un cálculo de 300.000 prostitutas en el conjunto de España. La dirección actual no avala cifra alguna: "¿Cómo vamos a saber cuántas personas se dedican a la prostitución si se trata de una actividad alegal y sin control?", razona la portavoz del Instituto de la Mujer. La Asociación Nacional de Empresarios de Clubes de Alterne (Anela) eleva sus estimaciones nada menos que a 400.000 personas prostituidas en España. Pablo Traspas, coordinador de programas de Médicos del Mundo -que atendió el año pasado a casi 9.000 personas del sector de la prostitución- no considera descabellado que la cifra esté entre 300.000 y 400.000.

El Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Crimen (Heuni, con sede en Helsinki y vinculado a Naciones Unidas) intentó cuantificar el número de personas dedicadas a la prostitución en Europa, en un trabajo cerrado en 2003 y reproducido más recientemente en el informe de un grupo de trabajo del Parlamento Europeo (véase gráfico). En ese estudio se asignaba a España entre 45.000 y 300.000 personas dedicadas a la prostitución; la horquilla es similar a la señalada para Alemania, entre 60.000 y 300.000. La aproximación es imprecisa, pero al menos ofrece una indicación clara: tanto si se da por buena la hipótesis más alta como la más baja, la prostitución se mueve en volúmenes semejantes en ambos países, si bien en España hay más en proporción a la población de cada uno de estos países.

Clandestino, pero transparente

¿Por qué ha crecido tanto en España? Algunos expertos apuntan a la reforma penal de 1995, por la cual se despenalizaron ciertas conductas favorecedoras de la prostitución (quedaron castigados el empleo de la coacción y, por supuesto, prostituir a niños). Otros lo atribuyen a la alegría económica de finales de los años noventa y el afloramiento de dinero negro. El caso es que moteles y hoteles de carretera fueron remozados, se construyeron nuevos y más modernos complejos y el comercio del sexo se volvió más transparente, con afán de ser considerado una parte más de la industria del ocio.

"Con el cambio penal se consiguió que los proxenetas pasaran de ser calificados como delincuentes a ser designados como empresarios del sexo", sostiene Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que lucha contra toda regulación de esta actividad. Esa entidad vincula la demanda de "sexo comercial" a las facilidades legales, afirmando que "cada vez son más numerosos los hombres que acuden al mercado prostitucional y cada vez hay más mujeres en situación de prostitución". Los abolicionistas equiparan prostitución con esclavitud, considerando la actividad en su conjunto como un atentado contra los derechos fundamentales y una "violencia de género", ya que la gran mayoría de las personas prostituidas son mujeres. Otros sectores distinguen entre ejercer la prostitución por decisión propia y hacerlo obligados por traficantes o proxenetas. Legalmente, prostituirse no está penalizado; otra cosa es la trata de personas para la explotación sexual, castigada con penas que van de los 5 a los 10 años de cárcel.

Al margen de quién tenga razón en esta polémica, una consecuencia muy negativa es que la prostitución quede en manos de bandas. A las fuerzas de seguridad interior, dirigidas actualmente por José Antonio Alonso, les resulta fácil probar que un extranjero se encuentra ilegalmente en territorio español e iniciar un expediente de expulsión. Pero cortar la trata de personas para la explotación sexual exige algo más que esa medida represiva. ¿Cómo hacerlo? No se trata de un bandidaje a gran escala, capaz de amenazar la estabilidad política, sino de una multiplicación de delincuencias, que se traduce en personas sometidas a la explotación sexual y, de acuerdo con los testimonios disponibles, a los malos tratos.

Las señales emitidas por las autoridades del Estado resultan un tanto contradictorias. Así, la última memoria presentada por el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, indica que las fiscalías territoriales señalan el tráfico de personas como el "fenómeno de delincuencia organizada que se produce con mayor frecuencia en España" e informa de que "el supuesto más frecuentemente citado por las fiscalías es la introducción en España de mujeres para su trato sexual". Sin embargo, el propio fiscal despacha la cuestión con cierta rapidez, sin una valoración sobre el grado real de importancia de este problema. Su portavoz confirma que ningún órgano de la fiscalía está especializado en la materia.

Otras explicaciones del fiscal general confirman las contradicciones del sistema aplicado. El texto de Conde-Pumpido señala que las redadas policiales sirven para espantar a las personas a las que se quiere proteger, esto es, a las víctimas del tráfico, "que son también los principales testigos"; y añade que "en gran cantidad de casos, la propia intervención policial causa su fuga, al ser conscientes de su situación irregular en España".

Como parece deducirse de estas consideraciones, la mera actuación represiva es una respuesta insuficiente. La realidad es que, para muchas de las personas que se han visto implicadas en las redes de prostitución, la posibilidad de ser devueltos a su país de origen constituye el peor de los panoramas posibles. Además es un problema real de personas que viven situaciones incompatibles con los derechos humanos. Entidades que ayudan a prostitutas echan en falta un Plan Integral contra la Trata.

Prostitución masculina

La Plataforma de Mujeres por la Abolición de la Prostitución tiene razón cuando dice que todos los informes sobre la prostitución están escritos en femenino. La masculina, considerada muy minoritaria, existe en ciertas zonas urbanas, pero se desarrolla en condiciones todavía más ocultas. "Yo nunca he encontrado a ningún hombre (prostituido) en los garitos", asegura un policía especializado.

La socióloga Laura Oso entrevistó a varios hombres en un trabajo de campo efectuado con 50 personas de la prostitución callejera en La Coruña. Sus testimonios -presentados al Senado en la legislatura anterior- reflejan todavía más precariedad que las mujeres. "Tomás tiene 28 años y lleva 6 años trabajando en la calle", se lee en una de las entrevistas. "Ha sido violado por un cliente y ha sido amenazado y agredido por grupos de skin heads". La policía atiende sus peticiones menos que a las mujeres y aquéllos "sufren agresiones verdaderamente violentas", según la investigadora social aludida.

El comercio de cuerpos plantea un desafío a España, pero también al conjunto de la Unión Europea. La investigadora francesa Matiada Ngalikpima, de la Fundación Scelles, advierte de un cambio sustancial: antes de la ampliación de la UE, los 15 países miembros eran "destinatarios" del comercio de cuerpos; una vez hecha, la UE comprende tanto destinatarios como países de origen del tráfico sexual. En los siguientes candidatos, Bulgaria y Rumanía, "la trata de seres humanos es un problema aún más importante que en los nuevos países miembros de la UE". La única opción descartable es que el paso del tiempo lo arregle: la miseria del mundo -o simplemente, la falta de futuro- está a disposición de los traficantes para reclutar más y más carne fresca.

mañana, capítulo 2: Regularización y dinero negro