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Reportaje:

Stop a la cultura del hormigón

Profesores, administrativos, economistas, filólogos e ingenieros encabezan la oposición a las macrourbanizaciones

Pepe Pastor es profesor de Matemáticas. Sonia Fayos, administrativa. Jordi Puig, licenciado en Filología Catalana. Y Toni Mascarell, ingeniero técnico de Telecomunicaciones. Proceden de ámbitos dispares, y algunos de ellos ni siquiera se conocían con anterioridad. Pero han coincidido en una misma inquietud, su defensa de la "tierra", de ese entorno natural que les ha rodeado desde niños y que consideran amenazado con los programas urbanísticos que han empezado a proliferar por todo el territorio. Toni Mascarell, de Villalonga, y Pepe Pastor, miembro de la Plataforma Valldigna Sostenible, provienen de movimientos sociales contra proyectos como la línea de alta tensión. La presentación del primer plan de construcción de una urbanización con campo de golf incluido en la pequeña población de Alfauir, a finales de 2004, movilizó a un importante número de organizaciones cívicas y particulares que se aglutinaron en la Plataforma pels pobles de La Safor.

Exigen el derecho a seguir viviendo en pueblos que no pierden su identidad

Esta organización se ha convertido en un importante movimiento social contra los planes urbanísticos y proyectos en infraestructuras, por su impacto medioambiental y por la alteración del entorno natural que conllevarán. Supera ya la veintena de agrupaciones adheridas, y cuenta con el respaldo de prestigiosas entidades culturales y de investigación, como el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals CEIC Alfons el Vell, y el Centre d'Estudis Mediambientals de La Safor. Recientemente se han adherido a la Coordinadora Ciutadana per la Defensa del Territori del País Valencià, que aglutina a todo el activismo en contra de la urbanización incontrolada que está naciendo en las comarcas valencianas. Han sacado su protesta a la calle y quieren acercar su mensaje a toda la sociedad, con un objetivo: presionar a los políticos para que detengan este proceso "depredador". "Quieren hipotecar nuestro futuro, y no lo podemos tolerar", señala Pastor.

Reunidos para este reportaje, conversan sobre el estado actual de la agricultura, de las causas de la crisis de los cítricos, y de por qué no se han buscado alternativas para este sector; del valor de la identidad de los pueblos, y de la necesidad de preservar este patrimonio cultural e histórico. "¿Es qué los pueblos no tenemos derecho a tener un paisaje o una calidad de vida? ¿Sólo pueden tenerlo los que pueden pagar estar en una urbanización?", cuestiona Sonia. "Hemos conseguido que los ayuntamientos y los promotores inmobiliarios hablen en términos de ecología, de desarrollo sostenible, pero ahora hay que obligarles a cumplirlo", apunta Jordi Puig. Y ponen como ejemplo las contradicciones en municipios como Tavernes de la Valldigna, que obtuvo una subvención por su adhesión a la Agenda 21 y ahora se ha sumado al carro urbanístico con varios PAI en estudio.

Desmontan los argumentos que los consistorios utilizan para justificar estos programas. "Dicen que con el nuevo suelo urbano se generará más trabajo, demandarán mano de obra. Pero la realidad es que las empresas no utilizan recursos de la zona y traen sus propias cuadrillas", advierte Toni Mascarell. Pepe Sancho puntualiza: "La sensación es de impotencia. Están decidiendo el futuro de un pueblo sin que haya habido ningún tipo de debate". Otro problema es la falta de recursos, como el agua. En el caso del municipio de Villalonga, donde hay proyectadas cinco mil nuevas viviendas y dos campos de golf, la plataforma se ha hecho eco de los informes del Centre d'Investigacions Medioambientals de la Safor y del grupo Samaruc-Ecologistes en Acció. Los documentos advierten de que estas infraestructuras podrían poner en peligro la capacidad y calidad del acuífero Solana-Almirant-Mustalla, que suministra agua potable a La Safor y al parque natural del marjal de Pego-Oliva.

Y plantean alternativas. Piden a los ayuntamientos "que se asesoren a través de movimientos como la plataforma, por técnicos y expertos en la evolución del territorio, que vean sus estudios, y que se realice una ordenación racional, con sentido común", dice Pastor. Para los miembros de la plataforma el modelo de los nuevos planes es "depredador, crearán una población diseminada, guetos, habrá una absorción cultural, y serán económicamente insostenibles". Ha habido un precedente, apunta Jordi Puig, la urbanización desmesurada de la costa: "¿Qué quieren, que volvamos a tener este problema en el interior?".

La Coordinadora Ciutadana per la Defensa del Territori del País Valencià está aglutinando al movimiento cívico contra los nuevos planes urbanísticos que se multiplica a lo largo de todo el territorio valenciano. Su actividad, a la que se ha sumado la Plataforma pels Pobles de La Safor, apuesta por abrir un debate en la sociedad. Para ello, quieren iniciar una campaña de información "casa por casa", con el fin de que su mensaje llegue a la ciudadanía. Su carta de presentación: el derecho a "seguir viviendo en los pueblos" y que estos núcleos "no pierdan su identidad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de septiembre de 2005