Una amarga experiencia

Ya son 41 las mujeres que han sido asesinadas por sus compañeros en lo que va de año y la cifra va en aumento. Las instituciones han condenado esta realidad social y han adoptado diferentes medidas para intentar atajar este tipo de violencia. Recientemente, he acompañado por el laberinto de las instituciones que prestan apoyo a estas mujeres, a una mujer cuyo compañero la maltrataba psíquica y físicamente.

Resulta difícil que una mujer que se encuentra totalmente dominada y anulada por su marido decida interponer una denuncia. Cuando finalmente se ve abocada a denunciar a su agresor, recibe los primeros reproches: que por qué no denunció las agresiones anteriores, que se le ha olvidado declarar esto o lo otro... Ella solo piensa que tiene una hija de dos años y que le aterra volver a casa. Luego comienza el papeleo en el juzgado. Al no tener recursos, debe solicitar un abogado de oficio, para lo que ha de presentar un sinfín de documentos. Un proceso complicado, lento y nada accesible a una mujer sencilla que se encuentra en una situación de shock emocional. Le asignan un abogado de oficio que no le explica nada, no le dice los pasos que se van a seguir, no se preocupa de conocer sus circunstancias, lo que provoca que las declaraciones judiciales sean incompletas... En fin, que si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. El abogado sólo quiere saber si le van a pagar. Y no se puede cambiar.

¿El alojamiento? La estancia en un piso de acogida se limita a tres meses. Se comunica a la víctima desde el primer momento que debe buscarse una vivienda y que empiece a hacerlo ya. La mujer está en tratamiento psicológico, tiene una jornada laboral de 12 horas, no tiene pensión de alimentos ni régimen de visitas,cuenta con una orden de alejamiento contra su marido y, encima, se presume que está en plenas condiciones para encontrar un piso.

Aquí empieza otro calvario, la búsqueda de una vivienda de alquiler asequible. ¿Las medidas para fomentar el alquiler de viviendas vacías?, pura propaganda. La estancia en el piso de acogida se acaba y, aunque se explica a los servicios sociales la dificultad de encontrar un piso, debe entregar las llaves, y a la calle. Sí señores, es la ley. La mujer, desesperada, me dice que va a volver con su marido, que ya no puede más, que no puede quedarse en la calle. Y yo leo en el periódico que ya son 41.

Espero que este caso haya sido un cúmulo de casualidades ingratas y que realmente sí hay mujeres que se sientan apoyadas por las instituciones cuando deciden abandonar y denunciar a sus maridos, porque, de lo contrario, presagio que la cifra de este año será verdaderamente alarmante.