Autocontrol sanitario

Soy diabética desde hace 20 años y me beneficio de las prestaciones que realiza la Seguridad Social a los diabéticos. Gracias al empleo del glucómetro para determinar mis niveles de azúcar en sangre (de forma nada agresiva), llevo una vida absolutamente normal.

La educación recibida por parte de doctores y ATS me dotó de los criterios necesarios para interpretar correctamente las mediciones efectuadas e inyectarme la insulina requerida en cada momento. Cierto es que debo "cumplir las reglas", pero, precisamente por las medidas realizadas, gozo de una libertad y una calidad de vida con las que no soñaba al diagnosticárseme la enfermedad, no he tenido nunca ningún episodio que me haya obligado a acudir a urgencias, ni sufro otras complicaciones asociadas. Soy una persona que vive y trabaja, no una pobre enferma.

Por supuesto que el tratamiento tiene un coste, del que soy plenamente consciente, pero esto no es motivo para que se piense que la supresión del mismo puede sanear el gasto de la sanidad. Creo que lo que hace es evitar otros gastos al prevenir las complicaciones y, por supuesto, dignificar a las personas que convivimos con esta enfermedad pero que nunca nos sentiremos vencidas por ella.

Existen otros colectivos que no se benefician de prestaciones similares, como pueden ser los formados por personas que requieren tratamientos con anticoagulantes. El hecho de que ellos y otros pudieran ser tratados de forma similar y todavía no lo sean no debe servir de excusa para eliminar beneficios ya existentes. Más bien, los beneficios de los que gozamos otros colectivos deberían extenderse a ellos. No aspiremos a lo menos, sino a lo más, siempre.

En consecuencia, no me parecen de recibo las negativas opiniones vertidas por el señor Andreu Segura en su artículo Autonomía del paciente, salud y sistema sanitario (EL PAÍS, 20-9-2005).