Salto cualitativo

Es más que probable que, cuando se aproxime el fin de esta legislatura y todos los partidos tengan que prepararse para comparecer ante los ciudadanos constituidos en cuerpo electoral, el presidente del Gobierno tenga muchos motivos para alegrarse de haber dado cumplimiento a su promesa electoral de modificar el Código Civil para que pudieran contraer matrimonio ciudadanos del mismo sexo y que, a la inversa, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, tenga muchos motivos para arrepentirse de haberse opuesto a la aprobación de dicha reforma y, sobre todo, de haber tomado la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la misma.

No se entiende muy bien que el PP se opusiera con tanta intensidad a la aprobación de una reforma que, de acuerdo con todos los estudios de opinión, cuenta con un apoyo extraordinariamente amplio en la sociedad española y, por tanto, con un apoyo que no puede ser pequeño entre los propios electores del PP.

Se puede entender que se opusiera, pero no que lo hiciera como lo hizo, con participación incluida de sus máximos dirigentes en la manifestación contra la ley. Fue un tipo de oposición que no se correspondía con la base social que representa, sino únicamente con el de un sector de la misma. El PP renunció a comportarse como el representante de los casi 10 millones de los ciudadanos que lo habían votado el 14-M de 2004, para pasar a convertirse en el mandatario de una fracción de dichos votantes.

Pero si no se entiende bien que se comportara como lo hizo en la pasada primavera, menos todavía se entiende que se esté comportando como lo está haciendo en este terreno en este comienzo del curso político. Porque la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que posibilita el matrimonio de individuos del mismo sexo supone dar un salto cualitativo en la tarea de oposición. Hasta ahora, el PP se había opuesto políticamente a la ley, porque no estaba de acuerdo con ella, tanto desde el punto de vista del contenido como desde el de su oportunidad en el momento por el que atraviesa la sociedad española, pero no había puesto en cuestión la legitimidad de las Cortes Generales para tomar una decisión de esta naturaleza.

El PP, a diferencia de lo que ocurre con la jerarquía eclesiástica, había aceptado que el matrimonio entre individuos del mismo sexo es una cuestión sobre la cual pueden pronunciarse las Cortes Generales de acuerdo con las reglas propias de la democracia. Su desacuerdo con el contenido no se extendía a la legitimidad de la decisión en cuanto tal.

Con la interposición del recurso de inconstitucionalidad, la dirección del PP traspasa esa frontera. Pues con la interposición del recurso el PP lo que viene a decir es que el legislador ha hecho algo que no puede hacer, que se ha extralimitado en el ejercicio de la potestad legislativa, al extender la regulación del matrimonio más allá de donde puede hacerlo.

Ésa es la posición de la Iglesia católica. La ley natural, rectamente interpretada por quien tiene autoridad para ello, es decir, por la propia Iglesia católica, está por encima del legislador estatal y, como consecuencia de ello, en lo que a la regulación del matrimonio afecta, las Cortes Generales carecen de legitimidad para haber aprobado el matrimonio entre individuos del mismo sexo.

En la Iglesia católica se entiende este tipo de conducta. Más todavía: no se entendería que mantuviera otra distinta. La coherencia de la Iglesia en este campo es indiscutible. Pero en un partido que tiene que competir políticamente por el poder en un Estado aconfesional no se entiende. El PP se está comportando como la correa de transmisión de la jerarquía eclesiástica, asumiendo un carácter confesional, que le va a lastrar de manera muy notable cuando tenga que dirigirse a los ciudadanos para que le den la confianza para formar Gobierno.