Los cálculos de la barrera
Causa de discordia desde que UCD impuso la barrera electoral estatutaria para impedir el acceso al Parlamento Valenciano de Alianza Popular, la cláusula correspondiente no ha cesado de ser discutida desde 1982, unas veces por razones de principio, otras, las más, por razones de oportunidad. En el ínterin la barrera ha ido aumentando su capacidad material de exclusión y ha ido devorando una tras otra a las minorías que alguna vez tuvieron oportunidad de modificarla o suprimirla y que perecieron víctimas de la ceguera que siempre acarrea la arrogancia. Así sucedió con el CDS primero y con UV después. Por eso, cada vez que oigo a un político minoritario aquello de que una formación que no llegue al 5% no merece estar en el hemiciclo ya sé cuál va a ser la próxima víctima de esa guadaña.
Para lo único que ha servido el 5% es para excluir a más de 200.000 electores
Vista la barrera desde la perspectiva de las necesidades que, según el Constitucional, pueden legitimar el estatuto, y las restricciones al derecho de sufragio que el mismo por naturaleza implica, está a estas alturas bastante claro que veintitantos años de experiencia han venido a acreditar que aquellas son inexistentes: ni existe riesgo significativo de elevada fragmentación, ni se ha hallado, ni se halla, en riesgo alguno la gobernabilidad. Con todos los respetos, esos argumentos, al carecer de base en la realidad, son ni más ni menos que bufes de pato. Para lo único que ha servido, a la hora de la verdad, es para excluir a más de 200.000 electores de la representación e impulsar a las minorías a coaliciones contra natura para alcanzar la representación que les deberían dar sus apoyos electorales. La barrera no existe para servir fines discutibles, pero legítimos, tiene sentido en virtud de una serie de cálculos políticos.
Sin duda el más antiguo es uno de origen socialista: la barrera sirve para incitar al voto estratégico a los electores que votan nacionalista o tienen esa afinidad: voten ustedes PSPV, porque votar nacionalista es tirar el voto. Ése era un argumento sólido cuando el nacionalismo se movía por debajo del 2% en las autonómicas y carecía de presencia municipal. Cuando el nacionalismo es la tercera fuerza municipal y se mueve muy cerca del 5, y sigue ahí pese a haber fracasado en entrar en el Palacio de Benicarló por sí mismo, la verdad es que es muy poco creíble y, en consecuencia, deja de funcionar. Que el PSPV haya perdido interés en la barrera se debe antes que nada a eso. Si, además, rebajar o suprimir la barrera puede facilitar eventuales acuerdos, ora de nivel municipal, ora de nivel autonómico, al efecto de formar mayorías y sostener gobiernos, tanto mejor. Es más, la rebaja interesa tanto más cuanto la modificación de la misma en sentido descendente desalienta una eventual coalición del Bloc y l'Entesa, evidentemente menos minoritaria, y por ende menos manejable, que sus dos componentes por separado.
Distinto es el cálculo que hace el PP. La política seguida por los conservadores desde hace años ha sido la de absorber todo lo que una conocida columnista denominaba "el no-socialismo". El notable éxito alcanzado les permite ser mayoritarios y gozar de la mayoría absoluta que en su día tuvo el PSPV, si bien algo más holgada. Claro que eso supone colocarse en una posición delicada: la absorción les deja sin socios y les aboca a la alternativa de o mayoría absoluta u oposición. En este caso el cálculo subyacente al sostenimiento de la actual barrera es bien simple: sentado que se juega con ventaja al contar con una base electoral mayor que los socialistas (es así al menos desde 1995), la barrera actual impide la entrada de los nacionalistas y coloca a IU en el filo de la navaja. Si se consigue que IU baje del 5%, la hegemonía popular será imbatible. La potenciación de ERC que se sigue de la demonización de que es objeto por los medios próximos y los portavoces del PP tiene ese sentido. Que la consecuencia necesaria de un Parlamento bipartidista con dos partidos muy distantes corra el riesgo de llevarnos a un escenario caracterizado por la política del frontón y a un Parlamento que cuenta con una mayoría que reposa sobre una minoría electoral, y del que se excluye a casi un cuarto de los electores es un coste que se asume. Por eso es fuerte en el PP la resistencia a bajar la barrera, aun cuando se sabe que la rebaja es bien vista tanto por sus apoyos sociales organizados, como por sus propios electores. Claro que el cálculo tiene un riesgo: impulsa la coalición de las minorías a la búsqueda de la supervivencia y, con ello, proporciona a la oposición socialista un socio que le puede dar la Generalitat. Piénsese que una coalición Entesa-Bloc, que perdiera un cuarto de los votos de cada uno de los dos partidos pasaría la barrera, contaría con entre seis y ocho diputados y podría volcar la mayoría.
Lo que nos lleva al cálculo de IU. No es casual que defienda a capa y espada la rebaja o supresión de la barrera. Ello no se debe tanto al riesgo que para su presencia parlamentaria puede suponer, cuanto en la amenaza que supone a su coherencia interna. A la corriente dominante no le agrada la hipótesis de una coalición con los nacionalistas, por dos razones: porque diluiría su perfil y porque alteraría los complejos equilibrios internos. No en vano a IU se le puede aplicar aquel viejo chiste: "Para Partido, partido, el Partido". La rebaja de la barrera minimizaría los riesgos para la cohesión interna, levantaría la fuerte presión que hoy sufre esa formación: los nacionalistas no necesitarían el acuerdo para entrar e IU no correría el riesgo de salir. Tampoco les vendría mal a los nacionalistas: el entrar por sí solos aumentaría su margen de autonomía y podría permitir al BNV jugar al papel de partido-bisagra, cosa que ciertamente no vería con malos ojos un sector reducido, pero significativo, del empresariado.
En todo caso, tanto PSPV como PP deberían meditar una cosa: que la continuidad de la barrera hace racional una coalición de todas las minorías, y que ello puede dar lugar a un Parlamento en el que la mayoría se juegue en torno a una ensalada IU-BNV-ERPV-Verdes. No me parece que esa sea una posibilidad atractiva, como no me parece que alentar eso sea una conducta racional. Claro que en política no es ciertamente infrecuente que las obsesiones y los mitos prevalezcan sobre el pensamiento racional. Ya lo decía con negro humor el Eclesiástico: Stultorum numerus infinitus est.
Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- VI Legislatura Comunidad Valenciana
- Opinión
- Reformas estatutarias
- Grupos parlamentarios
- Sistema electoral
- Comunidades autónomas
- Estatutos Autonomía
- Generalitat Valenciana
- Legislación electoral
- Parlamentos autonómicos
- Gobierno autonómico
- Política autonómica
- Comunidad Valenciana
- Administración autonómica
- Parlamento
- Elecciones
- España
- Política
- Administración pública
- Estatutos
- Normativa jurídica
- Legislación
- Justicia