Alicante busca remedio al 'botellón'

Beber en las calles de Alicante puede resultar caro a partir de noviembre. 90 euros es la sanción a todo aquel que incumpla la nueva ordenanza municipal que el grupo Popular en el Ayuntamiento de Alicante prevé aprobar en el pleno de ese mes. El objetivo: acabar con el fenómeno del botellón.

El gobierno local ha desplegado su mano de hierro. Basta con observar el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la nueva normativa. Es el caso de los reincidentes. El bebedor pillado in fraganti tomando en vías o espacios públicos abonará la nada desdeñable multa de 600 euros. Por su parte, el empresario de locales de ocio que venda alcohol a menores de 18 años será sancionado con 5.000 euros. Además, si permite la entrada, cuando se venda o facilite el consumo, a adolescentes por debajo de los 16 la cuantía será de 3.000. De la misma manera, será multado si no prohíbe a la clientela beber fuera del local sin autorización para ello.

El PSPV plantea espacios públicos "controlados" para poder beber

Las calles del centro tradicional de la ciudad de Alicante, que hasta hace un lustro eran el punto de encuentro de los adolescentes merced a los numerosos locales de ocio, fueron durante años el santuario de los jóvenes para el consumo indiscriminado de alcohol. Numerosos han sido los intentos de la Policía Local por desmantelar los encuentros clandestinos, pero no menos numerosas han sido las alternativas buscadas por los muchachos para eludir el control policial. Si inicialmente fue el centro tradicional el escenario escogido para la ingesta masiva de alcohol, ahora el escenario se ha trasladado al Castillo de San Fernando, la plaza de Canalejas y los alrededores del Mercado Central. Con menos dinero y sin aglomeraciones, los adolescentes prefieren entonarse antes de empezar la noche en lugares públicos.

A la habilidad de los jóvenes para buscar nuevos espacios para beber, se suma la inactividad administrativa municipal. Ninguna de las más 2.000 sanciones impuestas por la Policía Local de Alicante desde 2002 por consumir alcohol en la vía pública llegó a su destino. Desde hace tres años, cada noche de viernes y sábado una brigada de ocho agentes y un oficial salen de la Jefatura de la Policía Local de la capital a la caza del botellón. Sobre el papel, su misión es velar por el cumplimiento de la ley de la Generalitat Valenciana sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Los agentes formalizan cada noche unas 40 sanciones, que pasan directamente a un cajón del Ayuntamiento hasta que prescriben. Fuentes municipales aseguran que las denuncias no se tramitan por "falta de personal administrativo". Varios departamentos del Ayuntamiento confirman que entre 2002 y el pasado mes de marzo se han acumulado más de 2.000 sanciones del botellón y que no se ha dado curso a ninguna de ellas.

Pero esta histórica impunidad parece que ha llegado a su fin, o al menos así lo cree el gobierno de Díaz Alperi. El Ayuntamiento de Alicante ha endurecido económicamente las sanciones, según consta en la ordenanza reguladora de la venta, dispensación, suministro y consumo indebido de bebidas alcohólicas. Precisamente, éste es uno de los motivos por los que el PSPV discrepa de la medida. Para los socialistas, "al alcalde Luis Díaz Alperi le ha entrando un afán recaudatorio" en lugar de apostar por una norma reguladora que "premie conductas en vez de castigarlas". Las conductas más sancionadas en la nueva normativa son las relativas a la publicidad del consumo del alcohol. La promoción mediante imagen o sonido susceptibles de atraer la atención de personas en lugares públicos o en medios de transportes será castigada con 1.000 euros.

La cifra se amplía hasta los 2.000, en el caso de que estos mensajes vayan dirigidos a los menores de 18 años. Esta misma sanción se contempla para la publicidad directa o indirecta de bebidas alcohólicas en centros de enseñanza. Si además se produce en locales y espectáculos dirigidos a menores de 18, la multa alcanzará los 3.000 euros. La publicidad en publicaciones editadas en Alicante y dirigidas a menores de 18 años, será castigada con 2.000 euros de multa.

Sin embargo, para el edil socialista Jorge Espí "es mejor prevenir que sancionar". Por ello, el PSPV presentó una serie de alegaciones contra la ordenanza del botellón. Los socialistas consideran idóneo que el Ayuntamiento habilite espacios con condiciones adecuadas

(que dispongan de vigilancia, servicios sanitarios, bancos, contenedores, servicios de limpieza, iluminación y aseos públicos) para la realización de esta práctica. El edil aclaró que "no defiende el botellón", pero sí el botellón "de forma ordenada regulada".

Sin embargo, los socialistas reclaman un endurecimiento de las sanciones para aquellos establecimientos que sirvan alcohol adulterado o garrafón. La sanción prevista está en 1.500 euros, una cifra que, a su juicio, es escasa.

"La Policía Local no debería controlar a los jóvenes, sino también a sancionar a los establecimientos que alteran las bebidas alcohólicas", dijo ayer el socialista. Del mismo modo, demandó una política de prevención del consumo abusivo de alcohol, con acciones en los ámbitos educativos y sanitarios destinada a menores.