Los represaliados del franquismo denuncian los requisitos que pide el Consell para indemnizarles

Cándido Aguado formaba parte de la última lista de 92 personas a las que la Generalitat les reconoce el derecho de cobrar una indemnización por su condición de represaliado por el franquismo. Pero Aguado murió hace meses y ayer fue su hija quien participó en una rueda de prensa en la que la asociación que los representa acusó a la Generalitat de "aguantar a que vayan muriendo" los posibles beneficiarios para "reducir el importe". Los requisitos del Consell para reconocer beneficiarios dejan la lista en 92 personas, pese a que más de 5.000 quedaron sin apoyo en su día.

Junto a las cifras, ayer se repasaron fragmentos de algunas vidas. José Luis Villagarcía explicó que pasó 18 años en prisión y llegó a tener dos condenas de pena de muerte. Villagarcía dijo que la petición de estas indemnizaciones no está movida "por el odio ni el rencor, ya que éstos son malos consejeros", sino que es una cuestión de "justicia". Junto a él, Remedios Montero -que sufrió ocho años de confinamiento carcelario y torturas- resaltó "la dignidad y no el dinero" como única razón de sus peticiones.

A principios de los noventa el Gobierno regularizó las indemnizaciones para aquellos que sufrieron privación de libertad durante la dictadura franquista en un proceso al que solicitaron acogerse 12.980 valencianos que habían sufrido prisión por sus ideas políticas. De este total, 7.398 solicitudes recibieron luz verde y la correspondiente compensación económica, y 5.458 valencianos fueron excluidos al no poder acreditar los tres años de privación de libertad que se solicitaban como requisito, según esgrimían en una proposición no de ley el presentada en mayo de este año por el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas.

La proposición recordaba también que tras este proceso, "casi todas" las autonomías regularon la concesión de indemnizaciones para los represaliados cuya privación de libertad no hubiera alcanzado los tres años. Por ello, solicitaba entre otras cuestiones que la Generalitat considerara beneficiarios a aquellos que hubieran sufrido privación de libertad en "establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración durante un periodo igual o superior a tres meses" durante el franquismo.

Ayer, la Asociación de Represaliados del Franquismo de la Comunidad Valenciana incidió en su situación en una conferencia de prensa celebrada en la sede de CC OO-PV que encabezó el presidente de la asociación, Eduardo Alcázar, quien estuvo acompañado por una representación de los afectados por la represión franquista. Por la tarde y bajo el lema Justicia y Reparación, se celebró una mesa redonda en la que participaron Joan Sifre (CC OO-PV), Antonio Leal (UGT-PV), Andrés Perelló (PSPV-PSOE), Ramon Cardona (EUPV) y Antonio Palomares (ex secretario general del PCPV).

Por la mañana, en cualquier caso, Eduardo Alcázar repasó la actuación de la Generalitat. Actuación que se inició cuando en 1999 arrancó el proceso para indemnizar a los represaliados. La información pública (que como requisito incluía privación de libertad al menos tres años y tener 65 años en 2000) se retrasó hasta 2002 y los requisitos hicieron que el primer censo público de posibles beneficiarios, publicado en enero de 2004, incluyera a 46 personas. Las quejas por falta de información y la escasa cifra de beneficiados abrieron otro proceso que se cerró en junio con un censo "definitivo" de 92 personas.

La asociación criticó que la lista ha "tardado demasiado" . Alcázar insiste en que lo más importante es el reconocimiento "nominal de aquellos que estuvieron encarcelados por la libertad".