Tráfico de niños entre Marruecos y Andalucía

Los menores marroquíes que llegan a las costas de Andalucía son cada vez más, pero también más jóvenes. Durante el primer semestre de 2004 sólo llegaron a las costas de Andalucía tres con menos de 12 años. En el mismo periodo de este año, su número ascendió hasta 26. En la mayoría de los casos, fueron sus propios padres quienes pagaron entre 1.000 y 1.500 euros por su viaje en patera. Las redes de inmigración clandestina parecen haber encontrado en el tráfico de niños un filón muy lucrativo: entre enero y junio de este año arribaron 318, un 66,5% más que en el mismo periodo de 2004.

Hasta hace poco, los muchachos que arribaban a las playas de Andalucía procedían de las pandillas callejeras de grandes ciudades, como Tánger o Casablanca, estaban desnutridos, esnifaban pegamento y rondaban la mayoría de edad.

Eso ha cambiado. La mayoría de los que llegan ahora no son desarraigados, sino que tienen un perfil claramente rural: están bien alimentados y proceden de pueblos miserables de la zona de Uarzazat, en el interior de Marruecos. A veces, sus padres llaman por teléfono a la Junta de Andalucía para confirmar que han llegado bien. A veces, lloran porque se sienten perdidos.

Desde que el Ministerio del Interior amplió el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) a todo el litoral andaluz, los inmigrantes marroquíes tienen pocas posibilidades de quedarse en España de forma irregular. Una vez detectados por los radares y las cámaras térmicas, son aprehendidos por las patrulleras de la Guardia Civil y devueltos a su país en menos de 24 horas.

Las mafias de la inmigración que actúan en el Estrecho vieron cómo su floreciente comercio quedaba reducido al tráfico de subsaharianos -que España no puede expulsar porque sus países no los reconocen como ciudadanos- y a algunos grupos de marroquíes desinformados. Fue entonces cuando decidieron traficar con menores.

El proceso de repatriación de los menores es tan garantista que su descripción merece todo un título en el Reglamento de Extranjería. Y si transcurridos nueve meses no se ha consumado, la Administración tiene obligación de otorgarles una autorización de residencia. El resultado es que, desde 2003, Andalucía no ha logrado expulsar a un solo muchacho.

Los traficantes saben lo que ocurre, y por eso envían emisarios al interior de Marruecos. Ofrecen a los padres, en su mayoría campesinos con poca cultura, la posibilidad de enviar a sus hijos a España. Les cuentan que esos muchachos, que son una carga para su precaria economía, recibirán una buena educación y en poco tiempo comenzarán a enviar dinero.

La oferta de los traficantes va por pueblos, por lo que muchos de los chicos que llegan en pateras se conocen desde pequeños. Su ejemplo anima a otras familias a reproducir la experiencia, y así la Junta de Andalucía se encuentra hoy con que tutela a casi 1.100 menores marroquíes. Si en los seis primeros meses del año pasado las instituciones autonómicas atendieron a 360 muchachos, en el mismo periodo de este año su número ascendió a 865.

La directora general de Infancia y Familia de la Junta, Carmen Belinchón, cree que ha llegado la hora de afrontar el problema: "Basta de reuniones, es hora de trabajar", dice. Belinchón quiere transformar el centro de acogida de Algeciras en otro de "recepción, información y formación" de menores, con el fin de devolverlos con sus familias lo antes posible. "Los chicos deben estar en su entorno. Mientras no empecemos a trabajar sobre el terreno, en Marruecos, estaremos engañándonos".