Julián Muñoz y seis concejales, juzgados por delito urbanístico

El segundo juicio por delito urbanístico contra Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, y seis concejales del gobierno de Jesús Gil se inició ayer con una sorpresa. Uno de los abogados presentó un certificado del secretario del Ayuntamiento, según el cual, Gil nunca delegó sus competencias urbanísticas, por lo que los ediles no pudieron cometer un delito al conceder una licencia de obra no ajustada a la legalidad, ya que no eran los competentes para hacerlo.

"Es como si se acusara al conserje de conceder la licencia", comparó el abogado, Ernesto Osuna. Ayer se sentaron en el banquillo de los acusados Muñoz y los demás miembros de la comisión de gobierno que aprobó por unanimidad, el 29 de enero de 1999, otorgar a la empresa Proinsa la licencia al proyecto básico para construir 150 viviendas en un suelo que, según la Fiscalía, aparece como zona verde en el planeamiento de 1968, vigente entonces.

La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público de concejal por un delito contra la ordenación del territorio, y la nulidad de la licencia. La vista se sigue en el Juzgado de lo Penal 5 de Málaga, el mismo que en marzo condenó a seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación a los mismos acusados por unos hechos similares en la urbanización Banana Beach, sentencia recurrida ante la Audiencia Provincial.

La prueba presentada por Osuna puede variar el rumbo de un caso muy parecido. El documento, emitido en abril a petición de uno de sus clientes, el concejal del actual equipo de gobierno Rafael González, certifica que no se dieron los requisitos legales para que Gil delegase sus competencias urbanísticas en sus ediles: un decreto registrado en el Ayuntamiento, información al pleno, y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La primera vez que se delegaron formalmente es cuando Muñoz fue elegido alcalde, en 2003. "Nunca hubo delegación en ningún gobierno de Gil, de 1991 a 2003", explica Osuna. La licencia de la que se trata fue aprobada en una comisión de gobierno presidida por Muñoz como alcalde accidental, en ausencia de Gil. Osuna explica que en este juicio se les acusa de un "delito especial propio, que requiere que la persona a la que se está acusando tenga competencia como funcionario para otorgar aquello que supuestamente está mal otorgado".

Según el letrado, la consecuencia debería ser la absolución de los acusados, aunque no sabe si administrativamente supondría la nulidad de los acuerdos urbanísticos adoptados sin la presencia de Gil. Otras posibilidades son que se considere que el alcalde accidental tenía competencia, que los acuerdos sean subsanables por la actual regidora, o que se hayan consolidado las licencias por el paso del tiempo.

Los siete imputados, entre los que se encuentran María Luisa Alcalá, actual edil de la oposición, y Juan Antonio Yagüe, hermano de la alcaldesa, declararon que creían que la licencia se ajustaba a la legalidad.