El decreto de liquidación de las cámaras de la Propiedad entra en su fase final

El decreto de liquidación de las cámaras de la Propiedad Urbana vascas ha pasado ya a su fase final, al entrar en el departamento de Hacienda. Una vez cumplimentados todos los trámites previos, como el de comunicarlo a los trabajadores afectados, y su paso por la Comisión Jurídica Asesora, el proyecto elaborado por Vivienda, los aspectos de patrimonio y personal han de ser analizados en este departamento antes de llegar al Consejo de Gobierno. El Ejecutivo reitera en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el pasado junio que el decreto de cámaras está en su fase final. Las tres cámaras esperan su aprobación para recurrirlo.

El decreto, que iba a ser aprobado antes de las elecciones autonómicas, sufrió numerosos y consecutivos retrasos ante la dificultad para comunicarlo a varios trabajadores. Los empleados desde antes de 1990 pueden elegir entre quedarse en unas cámaras cuyo futuro no se conoce, o pasar a trabajar en la administración vasca.

Desde principios del siglo pasado, cuando fueron creadas, hasta 1927, las cámaras eran asociaciones voluntarias. Sin embargo entre 1927 y 1989 estuvo en vigor un real decreto que estableció una cuota obligatoria para todos los propietarios. Dicha cuota tenía casi la consideración jurídica de tasa pública. Son éstos los años en los que las cámaras crecen en patrimonio y trabajadores. El 1 de enero de 1989, una ley suprimió la obligatoriedad de pago y pasaron otra vez a ser voluntarios.

El Gobierno vasco asumió que tenía que cumplir la legislación de 1994 que regulaba la liquidación de estos organismos como corporaciones de derecho público, cuando el TSJPV le requirió en 2004 para que adoptara medidas inmediatas bajo la amenaza de incurrir en desacato. Hacienda ya conocía por una auditoría que las cámaras estaban perdiendo a buen ritmo un patrimonio que creció en la época de la "tasa pública".El Tribunal Superior hizo pública una resolución el pasado día 13 de julio en la que anulaba el proceso electoral que la Cámara de Álava inició en abril de este año. La resolución ha sido recurrida, pero el tribunal estima que no tiene sentido autorizar un proceso electoral cuando el Gobierno vasco, que tiene la tutela de las cámaras, está en proceso de elaboración del marco normativo del nuevo estatus de esas asociaciones.

La Junta de Gobierno de la Cámara de la Propiedad de Álava comunicó en abril al Ejecutivo vasco que va a iniciar el proceso electoral para renovar su ejecutiva, después de estar 16 años consecutivos en el cargo. La decisión fue adoptada tras enviar una carta a los departamentos de Vivienda y de Hacienda en la que instaban al Gobierno a que diera pasos para dotar de "seguridad jurídica" las actuaciones de la entidad.

El Ejecutivo recuerda en su escrito de desestimación de las elecciones que está comprometido con la liquidación de las cámaras como corporaciones de derecho público, y que va a asumir las funciones, el personal y el patrimonio de las tres entidades. En diciembre de 2003, ese patrimonio, la mayoría del cual se consiguió durante la época -1927-1989- en que la asociación a las cámaras era obligatoria, su patrimonio sumaba 18 millones de euros y el personal susceptible de entrar a la Administración, unas 28 personas. El número de socios de las tres cámaras supera los 200.000 ciudadanos.

No es la primera vez que la Cámara de Álava intenta cambiar a la Junta de Gobierno en un proceso electoral. Sus miembros, que actúan sin remuneración lo intentaron también el pasado año, hasta que Vivienda paralizó el proceso.

El decreto de 1987 que regula las elecciones a las Juntas de Gobierno establece que en un plazo de siete días a partir de la aprobación del censo, la Junta realizará la convocatoria y la remitirá a Vivienda para su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Incertidumbre

La situación de la Cámara alavesa resulta especial, ya que se quedó sin personal cuando el 1 de noviembre pasado la mayoría de sus empleados comenzaron a trabajar en la Administración pública. El Ejecutivo tuvo que darles entrada en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior vasco que obligaba a Hacienda y a Función Pública a cumplir un real decreto de 1994.

El Ejecutivo estuvo a punto de incurrir en desacato, ya que la primera sentencia que les obligaba a cumplir la legislación de 1994 fue dictada en 2002. En julio de 2004, en un escrito muy duro de ejecución de sentencia, el Superior le dio tres meses para cumplir la ley. La cámara alavesa cree que el proceso de aprobación del decreto de cámaras está generando incertidumbre en los asociados, y por eso creen que el proceso electoral "es necesario".