La policía acusa al alcalde de Camas de cohecho y toma declaración a otro edil

Agustín Pavón, el alcalde de Camas -Sevilla, 25.000 habitantes-, declaró el pasado jueves ante la policía como sospechoso de participar en el intento de cohecho a la concejal no adscrita Carmen Lobo. Pavón, de Izquierda Unida, será citado a declarar como imputado por el juez que investiga este caso de supuesta corrupción urbanística, en el que también están implicados un concejal del PP y otro del PA del mismo Ayuntamiento. Ayer también prestó declaración ante la policía Aureliano Lucas, concejal del PP en Castilleja del Guzmán, un municipio del Aljarafe sevillano.

Tras un día de incertidumbre, Pavón acudió el pasado jueves a las ocho de la tarde a la Jefatura Superior de Policía en Sevilla. El alcalde de Camas testificó después de que Francisco Javier Gordo, militante de IU, empresario y amigo de Carmen Lobo, pusiera en conocimiento de la policía la supuesta participación de Pavón en una reunión en la que se empezó a fraguar el intento de soborno. A esa reunión asistieron, además de Gordo y Pavón, los tres detenidos acusados de cohecho: el empresario Eusebio Gaviño; el teniente de alcalde de Camas, Antonio Enrique Fraile (PP), y el concejal de Infraestructuras, José del Castillo (PA).

Pavón reconoció ayer que acudió a la policía como "imputado". En la comisaría se le leyeron sus derechos y tras prestar declaración quedó en libertad, al igual que los otros dos concejales detenidos y el empresario, éstos tras día y medio en los calabozos.

La policía tiene hasta 72 horas para tomar declaración a los detenidos y, cuando concluya su investigación, remitirá un atestado con las diligencias y pruebas al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla. Las citaciones judiciales a los implicados tardarán unos 10 días.

La investigación policial dista de estar cerrada. Ayer, el Grupo de Delitos Económicos hizo una nueva toma de declaración, en este caso a Aureliano Lucas, concejal del PP en Castilleja de Guzmán (fue el número 1 de la lista popular en las pasadas municipales), por su supuesta implicación en la trama. Según los testimonios recogidos en la investigación, Lucas, que conocía al empresario Francisco Javier Gordo, fue la persona que le llamó, a principios de junio, para ponerle en contacto con un representante de un grupo empresarial de Madrid. El representante resultó ser Eusebio Gaviño, el empresario que, según la investigación, dio un sobre con 12.000 euros a la concejal Carmen Lobo con la intención de sobornarla.

Además de concejal de Castilleja del Guzmán por el PP, Aureliano Lucas fue elegido en 2001, en representación del partido, consejero de la asamblea general de la caja de ahorros El Monte. También es profesor en un centro de la Diputación de Sevilla y trabaja para Sodecsa, la sociedad municipal de Camas que concentra la mayor parte de la política urbanística de la localidad, una situación en la que el PSOE ha denunciado una supuesta incompatibilidad. Sodecsa está presidida por Enrique Fraile, concejal del PP de Camas, que fue uno de los detenidos el miércoles acusado de un supuesto delito de cohecho.

Tras la primera intervención de Lucas, los contactos de Gaviño con Gordo desembocaron en una reunión a mediados de agosto, a la que también acudieron Fraile, el edil José del Castillo y el alcalde de Camas, Agustín Pavón. En esa reunión, que fue grabada, se concretó la propuesta del empresario para pagar a Gordo y Lobo cantidades millonarias si la edil permitía la aprobación de varios proyectos urbanísticos. El gobierno de Camas estaba en minoría desde febrero, cuando a la marcha de Lobo del grupo de IU se sumó la de Inmaculada Larrinaga, del PP.

Lobo y Gordo denunciaron estos hechos y, también, que el viernes pasado les avisaron para cerrar el primer acuerdo. El lunes, Gaviño quedó con la edil y le entregó un sobre con 12.000 euros. Según la nueva denuncia que luego puso la edil, esa cantidad era un anticipo de un pago mayor para que votara a favor de dos proyectos urbanísticos que se presentaron a pleno el martes. El voto contrario de Lobo y las llamadas (intervenidas desde el lunes) entre algunos implicados, en las que se planeaban supuestas amenazas y agresiones contra la edil, desencadenaron las detenciones. La policía investiga también la implicación de empresarios de Madrid en este supuesto caso de corrupción urbanística y su extensión a otras localidades sevillanas.