De la Rúa defiende "más protagonismo" de las autonomías en el diseño de políticas judiciales

Más competencias para la comunidad autónoma en materia de Justicia. Ésa fue la idea que presidió el discurso pronunciado ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, en la sesión de apertura del año judicial. Esa reivindicación fue acompañada de una sucesión de críticas al Ministerio de Justicia por el colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer -críticas en las que coincide con Ricard Cabedo, fiscal jefe del TSJ-, por la imposibilidad de modificar el mapa de partidos judiciales y por la elevada carga en el área contenciosa.

La relación directa y proporcional entre "la carga de competencias y la capacidad de resolución" es el binomio que sostiene la más adecuada organización de los tribunales según De la Rúa. "Es aquí donde se encuentra la fórmula y no en las soluciones extravagantes que se están propugnando en estos tiempos, que incidirán, con absoluta seguridad, en más de lo mismo", afirmó en su intervención. El presidente del TSJ saludó la creación de 21 juzgados a lo largo de este año en el territorio valenciano, pero lo considera insuficiente porque entiende que el modelo precisa de correcciones para acercarse más a la realidad demográfica. Por ello entiende que la Consejería de Justicia tendría que tener más competencias en la materia, para poder modificar con mayor agilidad aspectos más próximos. De la Rúa, que pidió al presidente de la Generalitat, presente en el acto, más dinero en la forma de recursos materiales y humanos, centro sus críticas en tres bloques: la carga de los juzgados contencioso-administrativos; el colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer; y el incremento insoportable de las ejecutorias penales.

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial descarga desde finales de 2003 más competencias en los juzgados contencioso-administrativos al derivarse capacidades antes designadas a los tribunales superiores. Eso ha supuesto, por ejemplo, según explicó De la Rúa, que la actividad se multiplique. "La innovación legislativa ha debido de ir acompañada de la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales que viniesen a compensar el desequilibrio que se evidenciaba claramente presumible". En Alicante, por ejemplo, el aumento supuso en 2004 pasar de 1.685 asuntos a 2.477. El incremento es de un 47%. En Valencia fue del 36,68% y Castellón del 24,21%.

De la Rúa habló de "inquietud", de "colapso" de los juzgados de Violencia sobre la Mujer (sólo dos son exclusivos, uno en Valencia y otro en Alicante, en el resto de partidos judiciales comparte tarea con la materia penal ordinaria y la civil). Pero Ricard Cabedo, fiscal jefe, definió la situación de "fracaso" y aventuró que el sistema se desmoronará si no se toman medidas urgentemente. Cabedo afirmó que la carga del juzgado de Violencia sobre la Mujer en Valencia es mucho mayor que la de cualquier juzgado. "No hay un juzgado que en dos meses tenga más de 400 asuntos con autor conocido de los hechos. No lo hay". Cabedo reclamó medios, señaló que muchas causas ya no se tramitaban como urgentes sino como diligencias previas para extender en el tiempo la respuesta y que en algunos casos no hay manera de saber si una agresión esconde una situación de violencia habitual que se está ignorando y por tanto no se puede prevenir oportunamente.

Los juicios rápidos han provocado un incremento de más de un 33% las ejecutorias penales (en Valencia más de un 57% con sólo dos juzgados encargados hasta hace pocos meses). Si la ejecución se demora, la respuesta es inadecuada y De la Rúa reclamó capacidad de respuesta de la Administración.