La policía acusa al alcalde de Camas (IU) de cohecho y toma declaración a otro edil del PP

El alcalde de Camas, Agustín Pavón, de Izquierda Unida, declaró el pasado jueves ante la policía como sospechoso de participar en el intento de cohecho a la concejal no adscrita Carmen Lobo. Pavón, que ayer proclamó su inocencia y la de los concejales del PA y PP implicados en el intento de soborno, será citado a declarar como imputado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Sevilla, según fuentes del caso. Ayer también declaró ante la policía Aureliano Lucas, concejal del PP en Castilleja del Guzmán, un municipio de Aljarafe sevillano, por su supuesta implicación en la trama.

Tras un día de incertidumbre, Pavón acudió el pasado jueves a las 20.00 a la Jefatura Superior de Policía en Sevilla. El alcalde de Camas testificó después de que Francisco Javier Gordo, militante de IU, empresario y amigo de Carmen Lobo, pusiera en conocimiento de la policía la supuesta participación de Pavón en una reunión en la que se empezó a fraguar el intento de soborno. A esa reunión asistieron, además, de Gordo y Pavón, los tres detenidos acusados de cohecho: el empresario Eusebio Gaviño; el teniente de alcalde de Camas, Antonio Enrique Fraile (PP), y el concejal de Infraestructuras, José del Castillo (PA).

Pavón reconoció ayer que acudió a la policía como "imputado". En la comisaría se le leyeron sus derechos y tras prestar declaración quedó en libertad, al igual que los otros dos concejales detenidos y el empresario, éstos tras día y medio en los calabozos. Fuentes de la investigación explicaron que la policía tiene hasta 72 horas para tomar declaración a los detenidos y, cuando concluyan su investigación, remitirán un atestado con todas las diligencias y pruebas al juez que sigue el caso, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Sevilla. Una vez recibido el atestado, las citaciones a los implicados tardarán entre ocho y diez días. Si la instrucción confirma las acusaciones de cohecho, el caso será enjuiciado por un jurado.

La investigación policial dista de estar cerrada. Ayer, el Grupo de Delitos Económicos hizo una nueva toma de declaración, en este caso a Aureliano Lucas, concejal del PP en Castilleja de Guzmán (fue el número 1 de la lista popular en las pasadas municipales), por su supuesta implicación en la trama. Según los testimonios recogidos en la investigación, Lucas, que conocía al empresario Francisco Javier Gordo, fue la persona que le llamó, a principios de junio, para ponerle en contacto con un representante de un grupo empresarial de Madrid. El representante resultó ser Eusebio Gaviño, el empresario que, según la investigación, dio un sobre con 12.000 euros a la concejal Carmen Lobo con la intención de sobornarla.

Además de concejal de Castilleja de Guzmán por el PP, Aureliano Lucas fue elegido en 2001, en representación del partido, consejero de la asamblea general de la caja de ahorros El Monte. También es profesor en un centro de la Diputación de Sevilla y, trabaja para Sodecsa, la sociedad municipal de Camas que concentra la mayor parte de la política urbanística de la localidad, una situación en la que el PSOE ha denunciado una supuesta incompatibilidad. Sodecsa está presidida por Enrique Fraile, concejal del PP de Camas, que fue uno de los detenidos el miércoles acusado de un supuesto delito de cohecho.

Tras la primera intervención de Lucas, los contactos de Gaviño con Gordo desembocaron en una reunión a mediados de agosto, a la que también acudieron Fraile, el edil José del Castillo y el alcalde de Camas, Agustín Pavón. En esa reunión, que fue grabada, se concretó la propuesta del empresario para pagar a Gordo y Lobo cantidades millonarias si la edil permitía con su voto la aprobación de varios proyectos urbanísticos. El gobierno local de Camas está en minoría desde febrero, cuando a la marcha de Lobo del grupo de IU se sumó la de Inmaculada Larrinaga del PP.

Lobo y Gordo denunciaron estos hechos y, también, que el viernes pasado les avisaron para cerrar el primer acuerdo. El lunes, Gaviño quedó con la edil y le entregó un sobre con 12.000 euros. Según la nueva denuncia que luego puso la edil, esa cantidad era un anticipo de un pago mayor para que votara a favor de dos proyectos urbanísticos que se presentaron a pleno el martes. El voto contrario de Lobo y las llamadas (intervenidas desde el lunes) entre algunos implicados, en las que se planeaban supuestas amenazas y agresiones contra la edil, desencadenaron las detenciones. La policía investiga también la implicación de empresarios de Madrid en este supuesto caso de corrupción urbanística y su extensión a otras localidades sevillanas.