Un modelo cuestionado

La Diputación alavesa tiene un sistema de gestión ganadera y veterinaria cuestionado por muchos técnicos. ¿Puede controlarse el propio controlador? Fuentes del Departamento de Agricultura alavés señalan que estaban a la espera, para abrir una investigación interna, de que se dictase una sentencia sobre una causa por delitos contra la salud pública, otro de estafa y otro de falsificación de documento público en la que estaban imputados el gerente de la cooperativa Abeltzain, José Fernando Quintana; su padre, Eduardo Quintana; su compañera sentimental, María Aranzazu Zúñiga, y otro familiar. La sentencia fue dictada en mayo, tras un acuerdo entre las partes, y sólo condenó al padre, quien se había confesado culpable, por estafa y falsificación a un año de prisión. El delito contra la salud pública quedó provisionalmente sobreseído.

Cuando se inició el procedimiento en 2002, la Diputación, en prevención de posibles fraudes, retiró a Abeltzain el derecho a emitir duplicados de crotales (números de identificación animal). Cada duplicado debía solicitarse a la propia institución foral.

El procedimiento se abrió tras una investigación de Salud Pública y después de que la empresa de seguros agrarios Agroseguros informase de que en las explotaciones de dichas personas habían muerto animales por los que se había cobrado la prima del seguro y que, pese a ello, habían sido sacrificados después en los mataderos de Vitoria y Durango. La sentencia, resultado de un pacto de las partes, fija las indemnizaciones y la pena y establece como hechos probados que se habían duplicado documentos de identificación animal. Al ser pactada, no entra a analizar cómo pudo actuar el condenado. La respuesta, según la Administración, es que se hizo o bien a través de un ordenador de Abeltzain o de uno de la propia Diputación.

Desde la institución foral se está custionando el modelo y los posibles conflictos de intereses. De hecho, el decreto foral 33/2002 dice que el veterinario habilitado, el propio José Fernando Quintana, debe abstenerse de trabajar en las explotaciones de aquellas personas con quienes tenga amistad o enemistad, consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad en segundo. Quintana y su abogado declinaron hacer ayer ninguna declaración.