Una juez rechaza anular los plenos para adjudicar Mundo Ilusión

Lubasa y PGP solicitaban la suspensión en Cabanes y Oropesa

La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Castellón rechazó ayer la petición formulada por la sociedad que forman Lubasa-PGP y Ortiz, que optan a la adjudicación del entorno del parque temático Mundo Ilusión, en la que solicitaban la suspensión de los plenos convocados en Oropesa y Cabanes, para el sábado, en los que se votará el dictamen sobre las propuestas presentadas.

Los informes realizados por técnicos municipales y externos señalan la propuesta de desarrollo presentada por el grupo Marina d'Or como la mejor para los municipios. Pocas horas después de que se celebrara la vista, a la que acudió el letrado de Lubasa, Manuel Giner, y un segundo abogado en representación de los dos ayuntamientos, José Luis Breva, la juez dictó su resolución en respuesta a la súplica formulada por los representantes de Lubasa-PGP y Ortiz y basada en uno de los varios recursos que han presentado desde que se inició la tramitación para la adjudicación de estos cerca de 20 millones de metros cuadrados de suelo. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la súplica se centraba en la existencia de una vía de hecho por parte de los ayuntamientos en la convocatoria de los plenos, que se produce cuando la Administración se excede en sus competencias. Sin embargo, la magistrada entendió que la existencia de esta vía de hecho no se ha acreditado.

Además de la vía judicial, el más grave enfrentamiento empresarial que ha sufrido la provincia de Castellón tuvo ayer también su episodio público ya que el máximo responsable de Marina d'Or, Jesús Ger, acusó a su homónimo en Lubasa, Luis Batalla, de "querer comérselo todo a través de empresas interpuestas". De momento, Batalla sigue manteniendo silencio, mientras el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, sí comenzó a valorar las consecuencias de esta pugna y señaló que la guerra abierta en la vía judicial puede provocar un retraso en la construcción del parque temático. Esto se debe a que el adjudicatario debe ceder a la Generalitat alrededor de 800.000 metros cuadrados para que, posteriormente, la administración autonómica lleve adelante el centro de ocio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0015, 15 de septiembre de 2005.

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