La investigación judicial y la policial del 11-M discrepan sobre la implicación de imputados

La policía ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo la primera parte del llamado informe general sobre las investigaciones del 11-M, en el que los agentes mantienen algunas tesis sobre los imputados distintas a las del magistrado. Las discrepancias se basan en el papel que, según los policías de la Comisaría General de Información, habrían desarrollado parte de los 17 implicados que están en libertad provisional, en algunos casos acusados de colaboración con banda armada. Estas diferencias han provocado un retraso en la elaboración del auto de procesamiento.

El informe general de la investigación es un documento en el que se interrelacionan todos los aspectos de las pesquisas, según fuentes de la Comisaría General de Información, que dirige Telesforo Rubio. Una parte se refiere a las investigaciones sobre las que el juez Juan del Olmo ha levantado el secreto del sumario, mientras que otra entrelaza los aspectos del sumario que se mantienen bajo secreto, según las fuentes consultadas.

El informe está compuesto de varios tomos y en ellos se sostienen algunas tesis sobre los 109 imputados en la causa. De ellos, 27 permanecen en prisión preventiva, 17 están en libertad, pero con medidas cautelares y 33 están en la calle sin la obligación de acudir al juzgado. Otros han sido encarcelados por motivos distintos al 11-M.

Las discrepancias se centran en el papel de los 17 que permanecen en libertad provisional y los 33 que están en la calle. La policía los detuvo tras acumular elementos que supuestamente los vinculaban con la cadena de atentados que el 11 de marzo de 2004 provocaron la muerte a 191 personas en cuatro trenes de Madrid. Las fuentes consultadas aseguran que los distintos criterios no afectan a la línea probatoria, es decir, a los elementos de prueba hallados durante las pesquisas (huellas, la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares o la única mochila bomba que pudo ser desactivada, por ejemplo).

Los agentes no están de acuerdo con el juez en, por ejemplo, el papel que se asigna en el entramado a los hermanos Abdelkhalak y Abdelhak Chergui. Este último, estudiante de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones en la Universidad de Linares (Jaén), fue detenido como uno de los supuestos diseñadores de los teléfonos bomba utilizados en los atentados, pero, poco después de ser arrestado y sometido a incomunicación, fue puesto en libertad.

Las diferencias de criterio entre el juez y la policía han provocado un ligero retraso en la elaboración del auto de procesamiento contra los implicados en el 11-M, previsto inicialmente para mediados de septiembre. El magistrado espera ahora la segunda parte de ese informe general y, a la vista de su contenido, decidirá a qué imputados incluye en el auto de procesamiento y a cuáles deja fuera.

La fiscal del caso, Olga Sánchez, no ha instado todavía el procesamiento de ninguno de los imputados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que a su entender el proceso no debería tener más de 35 ó 40 imputados porque, de lo contrario, será inmanejable. Los restantes imputados deberían ser derivados a los casos correspondientes -tráfico de drogas, tenencia de armas, falsificación de documentos o estafa-, según su grado de participación, pero con una incidencia muy colateral sobre el atentado.

En fuentes de la Audiencia Nacional se asegura que el magistrado ha señalado que él puede dictar el auto de procesamiento sin que la fiscal se lo solicite, y que ya lo ha hecho en algún caso anterior, como el de Egunkaria. De producirse este hecho, podría ocurrir que la fiscalía considere que algunos de los procesados por el juez no deberían estar incluidos en el auto de procesamiento, y al contrario. En este sumario, no tiene tanta relevancia que el fiscal no acuse a algún procesado, ya que en la causa están personadas numerosas acusaciones particulares y populares, y sin duda subsanarían ese problema.