La guerra ha terminado

Tras la revelación por la prensa de la existencia de contactos secretos entre el Gobierno y los terroristas, el ministro sir Patrick Mayhew compareció ante la Cámara de los Comunes para explicar que todo había comenzado en febrero de 1993 con la llegada a manos del primer ministro, John Major, de un mensaje del IRA. El transmisor del mensaje era Martin McGuinnes, número dos del Sinn Feinn (y probablemente también del IRA). Lo esencial del mensaje era el reconocimiento de que la guerra como tal había terminado y la petición de ayuda al Gobierno para convertir ese final en superación definitiva del "conflicto". "El Gobierno -dijo Mayhew- tenía el deber de responder a ese mensaje".

Aunque se desconoce su contenido concreto, se sabe que Zapatero recibió poco después de llegar a La Moncloa un mensaje que fue interpretado como indicio de la disponibilidad de ETA para buscar un arreglo que le permitiera justificar el abandono de las armas. La fiabilidad del mensaje se ha visto afectada por la expulsión de la banda de su antiguo máximo dirigente, Pakito, y de los otros firmantes de una carta en la que venían a plantear que la lucha armada ya no era eficaz para alcanzar sus objetivos, y que había llegado el momento de traspasar la dirección al brazo político. No es verosímil que la dirección de ETA se esté planteando el abandono de las armas y expulse a sus más curtidos ex dirigentes presos por sugerir eso mismo.

Una explicación posible es que la disposición para buscar un arreglo no sea del conjunto de la dirección, sino de un sector de la misma; o quizás estén aplicando la táctica de Stalin: apropiarse de las ideas y eliminar a quien las formula. Con todo, si, como insinuaba Ramón Jáuregui (EL PAÍS, 28-8-05), hay una conexión Otegi-Ternera favorable a la retirada, el asunto es importante. El sector de ETA (pm) partidario de dejar las armas era en 1981 minoritario, lo que no impidió que el otro sector también acabara disolviéndose.

Pero incluso si todos los jefes de ETA estuvieran convencidos de que ha llegado la hora de cerrar, y sólo buscasen un arreglo personal para ellos y los presos, no lo plantearían en esos términos, sino de manera triunfalista y exigiendo contrapartidas políticas. Si tales exigencias encontrasen receptividad en los partidos e instituciones, ganarían puntos los que consideran que su decisión de perdonar la vida a los electos del PP y del PSOE (y a los catalanes) es una gran concesión que les da derecho a compensaciones políticas. Ya hay indicios de tal receptividad en el discurso del nacionalismo gobernante (y de Llamazares) cuando reclaman la derogación de la Ley de Partidos y el acercamiento de los presos; y cuando aceptan que la llave de la solución está en un acuerdo sobre el "derecho a decidir", o sea, sobre la autodeterminación.

Con ello no hacen ningún favor a esos dirigentes supuestamente partidarios del cierre. Al revés: les aleja de la única medida que pueden adoptar para encontrar una salida realista, que es disolverse ya. Es significativo que sean sobre todo personas que conocen ese mundo por dentro o desde cerca quienes con más vigor argumentan contra cualquier planteamiento que implique tratar de incentivar el abandono de las armas con concesiones políticas: porque cualesquiera que sean esas concesiones, siempre se creerán en la obligación de considerarlas insuficientes, lo que aplazará una vez más el desenlace, con el riesgo de que entretanto alguien vuelva a encontrar sentido a la violencia: para vencer las últimas resistencias españolas..

La última novedad es la idea de que el abandono de las armas requiere ofrecer a ETA garantías de que podrá alcanzar sus objetivos sin violencia. Y que, para ello, deben eliminarse los obstáculos legales que lo impiden. Pero el principal obstáculo es la pluralidad de la sociedad vasca, que la coacción de ETA no ha logrado diluir. Aceptar ese planteamiento supondría trasladar la responsabilidad de la continuidad de la violencia de quienes la practican a quienes la padecen; y aceptar la falacia de que las instituciones deben compensar con concesiones y ventajas la falta de razones de los que optaron por la guerra precisamente por su incapacidad para convencer pacíficamente a la mayoría.

Aunque el Gobierno cometió el error de mantener al PP al margen, es demagógico decir que Zapatero ha renunciado a derrotar a ETA para pactar con ella. El objetivo de la política antiterrorista es llevar al mundo de ETA al convencimiento de que le conviene más abandonar la vía violenta que seguir en ella. En eso consiste la derrota de las armas. Algo que si hoy parece verosímil es porque no se hizo caso a quienes hace tres años auguraban grandes desastres si se aprobaba la Ley de Partidos y se ilegalizaba a Batasuna.