Subida "desmesurada" del maltrato a padres

La violencia familiar de los menores, generalmente contra sus propios padres, está sufriendo un "incremento desmesurado". Así lo han observado una docena de fiscalías, que han formulado serias observaciones ante este fenómeno. Se trata de delitos de maltrato y amenazas (cuando no violencia psíquica y física) reiterados a lo largo del tiempo que, en la mayor parte de los casos, no son denunciados por los perjudicados, "bien porque lo consideran una consecuencia ineludible del deber de educar a sus hijos o por un malentendido sentido de la piedad que les impide perjudicarles con una denuncia penal", según la definición de la fiscalía de Canarias.

"Situaciones de riesgo"

Los fiscales perciben en multitud de ocasiones "situaciones de riesgo cierto y evidente" para la vida o la integridad de los padres. Y eso que no se trata, en la mayoría de los supuestos, "de menores que lleven a cabo actos delictivos ni violentos fuera de su entorno familiar", como apunta el fiscal de Tenerife. "Suelen ser adolescentes cuyos padres sienten la imposibilidad absoluta de enfrentarse a las situaciones que han generado, y que pasan de comportamientos desobedientes a la agresividad y la violencia", apostilla la fiscalía de Guadalajara. El "menor maltratador" puede pertenecer a familias de buen nivel económico y social, o bien desestructuradas.

Las fiscalías de Huelva y Cádiz constatan que estos delitos domésticos se corresponden con la ausencia de patrones o reglas de conducta adecuados, "sin imposición de límites y normas", o con una "desacertada combinación de estilos sancionadores y permisivos que dan lugar en ocasiones a que el menor no acepte ningún control". Por eso, el fiscal de Huelva considera esencial que haya "pisos de convivencia" para esos niños, que permitan un tratamiento individualizado. En muchos casos de desobediencias, injurias, daños y amenazas la ley no permite adoptar una medida tan drástica como el internamiento.

Pero la Fiscalía del Tribunal Superior de Navarra pone de manifiesto la paradoja de que algunos padres, víctimas de los malos tratos de su hijo, le denuncian y "una vez incoado el expediente y nombrado abogado, al no reconocerles el beneficio de justicia gratuita, han tenido que pagar el abogado de su propio agresor".